Compañía de liberticidas

Se ha pospuesto la segunda votación sobre la ley que aumenta las penas por difamación agravada. Es muy probable que el proyecto no sea aprobado, pero es más importante que se sepa por qué.

El congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, ha dicho que “a los periodistas sanos e inteligentes no les tiene que preocupar este asunto”.

Seré, pues, enfermo y bruto, pero a mí sí me preocupa. Varios congresistas han sostenido que es solo para los difamadores, no para los que investigan.

No se trata de lo que interese a uno. Se trata del principio general que debe establecerse para toda la sociedad. Eso es lo que preocupa.

Un compañero de opinión de Montoya es Guillermo Bermejo. Él ha sido asesor del expresidente Pedro Castillo. Hasta hace un año ponía “las manos al fuego” por el golpista investigado por corrupción.

Bermejo es investigado por presunta afiliación terrorista y presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

No es extraño que Renovación Popular coincida con Bermejo y otros congresistas. Coinciden, claramente, en el argumento falaz: “no es para los periodistas, sino para los difamadores”.

Las razones de Montoya, Bermejo y compañía parten de una suposición falsa. Pretenden llenar un vacío frente a los difamadores. Quieren que olvidemos que no hay vacío, que hoy hay sanción penal por este delito.

Lo único a discutir es el aumento de la pena. En esta compañía de rigoristas están también los llamados “Niños”. Ellos son acusados de haber obtenido beneficios de Pedro Castillo a cambio de sostenerlo en la presidencia.

Contra lo que todos ellos quieren hacernos pensar, la difamación tiene pena privativa de la libertad de hasta tres años. Contra lo que ellos quieren hacernos pensar, sí hay cárcel efectiva, si así lo considera el juez. Hay periodistas que la han sufrido.

Es cierto que hay actuaciones negligentes en la prensa y los medios. Para que haya delito, sin embargo, se necesita que haya voluntad de daño. Se requiere, además, que esta se pruebe judicialmente.

El error no se castiga con ninguna pena. No contiene voluntad de hacer daño a la reputación o el honor de una persona.

Hay muchos casos de difamación e irresponsabilidad en el manejo de las publicaciones. La mayoría de esos casos, sin embargo, no llega a la corte. Los defensores del aumento de las penas toman eso como si no existiera la penalidad. Existe, lo que escasea son los casos, las querellas, la defensa del honor en los tribunales.

El congresista Bermejo puede llamar “bruto” a un reportero en los pasillos del Congreso. Para él eso está bien. No está bien, en cambio, que se difundan las informaciones sobre los procesos que enfrenta.

Imaginemos lo que hubiera pasado con las investigaciones periodísticas sobre Pedro Castillo o la de los “Niños” del Congreso. El gobierno acusado de corrupción habría tenido un arma para defenderse, amenazar y recortar la libertad de expresión.

Los congresistas deberían ocuparse de aumentar las penas a los violadores, a feminicidas y ‘varonicidas’, a los asesinos, a los atracadores. En vez de eso, dan prioridad al recorte de la libertad de expresión. Desean poner en la picota a periodistas y personas que usan los medios de comunicación.

Montoya y los otros liberticidas no deben pasar.