Nadie me va a amedrentar, solo el Congreso

La presidenta Dina Boluarte ha estrenado nueva temporada con un cambio de ministros –con un matiz que nos recuerda el pasado– y una actitud recargada. Ha ejecutado cuatro cambios y “relanzado políticas públicas” como lo anunció su primer ministro Alberto Otárola que, por cierto, se ve más consolidado en su papel.

Poco le importan a Palacio los graves cuestionamientos al designado ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, que hoy es investigado de manera preliminar por tráfico de influencias. El nombramiento no resistió el tamizaje de la prensa que horas después publicó un audio en el que se escuchaba al flamante integrante del Gabinete dialogando con el encarcelado exmagistrado Walter Ríos, y otro con el prófugo ex juez supremo César Hinostroza, ambos miembros de Los Cuellos Blancos.

Pero Arana tiene más sombras. En el 2010 fue sentenciado al pago de una pensión alimentaria y luego denunciado por violencia familiar con fuertes detalles en el parte policial de los que hoy, en carta notarial, su expareja se retracta.

Cuestionada al respecto, la presidenta Boluarte respondió en conferencia de prensa el lunes como tantas veces lo hizo su antecesor Pedro Castillo ante la avalancha de denuncias contra sus diferentes jefes de cartera. “Yo como presidenta debo mirar el trabajo del ministro y la presunción de inocencia siempre está por delante”, sentenció la mandataria frente a cámaras.

Lo que no cambia en esta nueva temporada es la armonía del vecindario Ejecutivo-Legislativo. La solidez de su alianza con las bancadas dominantes del Congreso le quita peso a la inflamada opinión pública. Por eso, quizá, es que vimos a una Boluarte confrontacional en Pichanaqui, defendiéndose del apelativo “Dina Asesina” a todo pulmón. “Nadie me va a amedrentar”, dijo levantando la voz para que los altos decibeles le garanticen liderazgo, y luego acusó a los fallecidos en los enfrentamientos de su propia desgracia.

Pero Boluarte no solo hablaba afectada por los insultos y el desprecio manifiesto de la multitud. Esa actitud recargada con énfasis en la “mano dura” ya tenía asidero en un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo como parte del pedido de facultades legislativas y que, como ha advertido el Consejo de la Prensa Peruana, representa una amenaza para libertad de expresión y de prensa. El Gobierno ha propuesto abrir una puerta legal para limitar el derecho ciudadano a la protesta y en el que arbitrariamente se pueda sentenciar a periodistas como instigadores de disturbios. Es decir, el solo hecho de comunicar sobre una marcha o movilización podría ser considerado como instigación.

Frente a la prensa, Boluarte ha dicho que su gobierno jamás tomará medidas que afecten estas libertades, pero no indicó si retiraría el proyecto. También dijo que respetaba la meritocracia, pero no precisó si observará la ley aprobada en el Legislativo que busca reponer a más de 14.000 profesores cesados por no aprobar evaluaciones. La presidenta, imprecisa y evasiva, aún no sabe qué pelea abandonará –la defensa férrea de su ministro de Justicia y Derechos Humanos, la mano dura contra la protesta o la meritocracia en educación– para seguir complaciendo al avasallador Congreso.