Nuestros muertos

La presidenta Dina Boluarte ha recordado a los muertos durante las protestas de inicios de este año. Sin quererlo, quizá, nos ha hecho pasar nuevamente por el duelo, y nuevamente por el dolor.

La mandataria dice que los muertos durante las protestas −todos− le duelen. Sin embargo, evade toda responsabilidad de su parte. Arrima los muertos a las Fuerzas Armadas (FF.AA.): “ellos tienen sus protocolos”, “nosotros no tenemos comando”.

Dina Boluarte no es asesina, ni debemos aceptar ese eslogan de calumnia calculada. Sin embargo, ella no debe sacudirse de su responsabilidad.

La presidenta revela que no se ha puesto a pensar en qué hizo mal su gobierno. Así lo revela en la entrevista que publicó El Comercio (7/5/2023).

“Qué hizo mal?”, le preguntan, ante lo que responde: “¿Mal? No sé”.

Ese “no sé” es inaceptable. Entendemos que la presidenta llegó a su cargo por sucesión constitucional. No estuvo preparada. Una vez en el poder, sin embargo, y producidas siete decenas de muertes, Dina Boluarte tiene que asumir la responsabilidad que le toca.

No se puede desconocer que la jefa del Estado ha cumplido con defender la Constitución. Esta sucesión constitucional es una contribución histórica al Estado de derecho. Reconocer el significado de este hecho no nos inhibe, por supuesto, de criticar lo que es profundamente criticable.

La respuesta ante la pregunta de qué hizo mal debió ser: “no insistí lo suficiente en la protección de los derechos humanos, con las Fuerzas Armadas”,”como jefa suprema de las FF. AA. no apoyé personalmente a los comandantes de las FF.AA.”, “no hice el seguimiento, no acompañé a los comandantes”.

En las protestas hubo violencia. Corresponde al Estado responder y hacer imperar la ley, a la fuerza si es necesario. Esa obligación que tienen las fuerzas del orden, no obstante, está regulada por la ley.

La persecución de manifestantes, en varios casos con disparos certeros a matar, no está dentro de las funciones de la policía o de las FF.AA. Cada caso debe investigarse y sancionarse con todo el imperio de la ley y con todo el rechazo público que cabe.

Hubo atentados contra sedes judiciales, comisarías y empresas particulares. Hubo bloqueos de carreteras y ataques a varios aeropuertos y vías férreas. Hubo la tortura, el asesinato y posterior incendio del cuerpo del policía José Luis Soncco, rodeado por una turba de 80 manifestantes.

Ante tal situación, la autoridad debe recuperar el principio de autoridad. No hay autoridad, sin embargo, cuando se persigue, se apunta y se dispara. Eso es asesinato.

Estos casos de abuso criminal no deben ser defendidos, ni escondidos ni dejarse sin responsabilidad. “Yo no fui” no basta. La mandataria debe facilitar y promover la investigación fiscal.

¿Se reunió la presidenta con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para preguntar por requerimientos presupuestales adicionales y ad-hoc?

El Gobierno otorgó S/48 millones al Congreso para que arreglen los baños y las instalaciones eléctricas. ¿Cuánto dio al Ministerio Público para reforzar la investigación sobre las protestas y los abusos?

Las protestas violentas tenían y tendrán como objetivo la respuesta desmedida de la autoridad. A partir de ahí vendría y vendrá una recusación de su legitimidad.

La respuesta debe ser siempre la Constitución, pero, también y, sobre todo, la diligencia en cumplir y hacer cumplir la ley.