Después de mucho tiempo y cuando parecía que lo habíamos olvidado, el Perú vuelve a recobrar, con ingrato realismo, su condición de ser un país de “mínimos indispensables”.
El solo año y medio de gobierno de Pedro Castillo ha esfumado la razón de ser de muchos de los objetivos, proyectos y realizaciones, basados en el mediano y largo plazo, que nos acompañaron los últimos 30 años.
Queda inamovible la Constitución de 1993, aunque no son pocas las amenazas que aún se ciernen sobre ella.
Quizás no nos hemos dado cuenta, por debajo de los chizpasos del crecimiento económico, los entusiasmos democratizadores y las cruzadas anticorrupción, que esa condición peruana de vivir de “mínimos indispensables” viene desde que somos lo que somos como país.
Nuestra política, nuestra institucionalidad, nuestra economía, nuestra sociedad, es una historia de “mínimos indispensables”. Y hasta nuestra memoria histórica, tan frágil como nuestra democracia, es de “mínimos indispensables”.
Pero, como no debemos alimentar corrosivamente el fatalismo, nos toca emprender, una vez más, como tantas veces, el trabajo concentrado y esencial del “mínimo indispensable”. Como la metáfora de Sísifo, el castigo de empujar todo el tiempo y montaña arriba la pesada roca que desafía nuestras fuerzas.
Sabemos que si el Gobierno, el Congreso y los demás poderes constituidos no apuestan de inmediato por contadas y concretas prioridades que puedan ver la luz en el 2026, el riesgo de entrar en un atolladero sin salida es desde hoy mismo demasiado grande e inevitable.
A falta de un shock de confianza en las inversiones, no creceremos económicamente más del 2,5% . Primera consecuencia: no podremos bajar la pobreza como se hizo del 2004 al 2019, del 59% al 20% . Por desgracia, quizás la veremos aumentar, dramáticamente, a más del 27%.
Las extremas debilidades e ineptitudes fiscales y judiciales han extendido poderosa y agresivamente la impunidad en la administración del Estado.
La vieja cruzada anticorrupción, que envolvió pomposamente las promesas de todos los mandatarios hoy acusados de corrupción, de Alejandro Toledo a Pedro Castillo, pasando por Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, yace reducida al “mínimo indispensable”, convertida, en tantas investigaciones fiscales, en la alfombra cotidiana para limpiarse los pies.
El gobierno de Dina Boluarte no solo tiene que llegar a julio del 2026 con una aceptable aprobación de gestión e imagen, sino también en condiciones de garantizarnos un proceso electoral ejemplarmente limpio y transparente, con nuevas e intachables autoridades en el JNE, la ONPE y el Reniec.
Esto quiere decir que la jefatura del Estado que encarna Boluarte no tiene que ser, en esta ruta, una mera decoración formal de sus mandatos y prerrogativas. Con Alberto Otárola en el gobierno del día a día, ella debe y tiene que ser, camino al 2026, la gran articuladora de todos los “mínimos indispensables” del país, desde su clara e indiscutible posición de máxima instancia.
En las circunstancias actuales de fragilidad e incertidumbre, el Perú requiere una jefatura del Estado solvente y enérgica, que debe y tiene que expresarse más en decisiones firmes que en discursos protocolares.
Hundidos en la polarización y los desacuerdos, los poderes políticos, incluidos los partidos, tienen en el sabio manejo de los “mínimos indispensables” en salud, educación, seguridad, empleo e infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, tecnológica y digital, la oportunidad casi mágica de salvar la vergüenza de estar fuera de foco.
No nos queda, pues, en este tiempo inmediato sino rescatar y mantener los “mínimos indispensables” que vienen sobreponiéndose a las crisis históricas del país y aquellos que necesitamos construir a pulso por un Estado transparente, ordenado y eficaz en su organización, orden, controles y resultados.
El otro “mínimo indispensable” consiste en construir un espacio de diálogo igualmente “mínimo indispensable” entre las fuerzas políticas para arrancar de entre ellas un acuerdo “mínimo indispensable” para civilizar y hacer decente, en lo “mínimo indispensable”, el ejercicio político.
Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Perú Libre, Avanza País, Renovación Popular, Podemos Perú, Juntos por el Perú, el Apra reinscrita y el Partido Popular Cristiano por reinscribirse, tienen también que pensar qué “mínimo indispensable” de cambio deben generar al interior de sus organizaciones y liderazgos, para no solo vivir del “mínimo indispensable” que pueden sacar de las siguientes elecciones generales.