La utilización de la Diviac

La División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) es una víctima más de la politización de la justicia en el Perú. Fue creada en el 2016 con policías de élite para luchar contra el crimen organizado. Fue la protagonista de esos “megaoperativos” que se estuvieron dando contra organizaciones criminales a razón de uno por semana en los mejores años hasta que se fueron espaciando y casi dejaron de ejecutarse durante el gobierno de Pedro Castillo.

Precisamente la contraparte en el Ministerio Público de la Diviac para esos megaoperativos fue el reconocido fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. Él mismo ha señalado que trabajó muy bien con la Diviac y ha resaltado la alta capacidad profesional de esa unidad.

El problema ha sido que la Diviac fue también la unidad policial que trabajó con el equipo de fiscales Lava Jato para perseguir hechos que no eran delito, como las donaciones de campaña, que fueron criminalizadas para perseguir a líderes políticos. Y en eso también fue muy efectiva. Descubrió las maneras que usaron partidos como Fuerza Popular o el Partido Nacionalista para “pitufear” y disfrazar las donaciones de campaña, dándole a esa mecánica operativa la apariencia de lavado de activos, que era la tesis fiscal. Pero esos partidos no estaban lavando, sino ocultando fuentes que no querían aparecer o partiendo montos para cumplir con la norma administrativa. En suma, la Diviac se convirtió en el instrumento policial de lo que a la postre fue una persecución política contra líderes de partidos importantes.

En la medida en que el IDL estaba detrás de los fiscales Lava Jato, se produjo también una sintonía con Harvey Colchado, jefe de la Diviac. Colchado aparecía con Gorriti y con otros miembros de ese clan en foros sobre la lucha contra la corrupción, por ejemplo. Sin duda, se estableció una relación.

La persecución continúa. El fiscal Rafael Vela acaba de poner en un mismo saco a Alejandro Toledo, que recibió sobornos por más de US$30 millones cuando era presidente, con Keiko Fujimori, por ejemplo, que recibió donaciones de campaña que, repito, no eran delito.

La Diviac, sin embargo, jugó un papel importante en las investigaciones que llevaron al golpe fallido de Pedro Castillo. Y, como ha recordado Carlos Basombrío, ya en esa época el Gobierno ejecutó una represalia contra Colchado denunciándolo ante la inspectoría de la PNP por el allanamiento de Palacio. Pero, nuevamente, el flamante Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, que trabajó correctamente con la Diviac en las investigaciones a Castillo, acabó enredado en luchas de poder que provocaron la caída de Patricia Benavides –con lo que el grupo desplazado recuperó el control del Ministerio Público– y que llevaron a actuaciones contra la presidente Boluarte y su hermano que parecieron operativos mediáticos orientados a provocar la vacancia. Por supuesto, la retaliación no se hizo esperar.

El problema no está en la Diviac. Está en su instrumentación dentro de la guerra institucional originada en la politización de la justicia.