Nuevo peligro para la prensa

En el actual complejo tablero político que se despliega sin máscaras ni velos, el gobierno presidido por Dina Boluarte ha ejecutado un movimiento que arroja otra sombra sobre el horizonte democrático de nuestro país. La solicitud de facultades legislativas para reformar el Código Penal, con su amenaza latente hacia la prensa y la libertad de expresión, se erige como un nuevo inquietante capítulo.

Este episodio adquiere una dimensión aún más enigmática al considerar el discurso pronunciado por la mandataria ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sus palabras parecían pertenecer a un universo gubernamental completamente distinto, en el que la transparencia brillaba intensamente, las promesas se tejían con hilos de esperanza y el pesar se desvanecía como la penumbra en la mañana.

Pero esta paradoja se torna todavía más inquietante cuando se contrasta con la realidad de nuestro país. En casa, persisten serios cuestionamientos, desde la falta de esclarecimiento en torno de las vidas perdidas por armas de fuego durante las protestas hasta el lento debilitamiento de nuestras instituciones democráticas, incluyendo la amenaza inminente sobre la libertad de prensa.

Independientemente de la decisión final del Congreso sobre la materia, la mera propuesta de un texto que permitiría enjuiciar a cualquier ciudadano que convoque una marcha de protesta y a cualquier periodista que informe sobre ella constituye un grave riesgo para nuestras libertades fundamentales, desde la libertad de expresión hasta la de opinión.

Aunque el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, asegure el respeto a estos derechos fundamentales, las dudas continúan latentes. ¿Serán suficientes la mera promesa y la corrección introducida por la Comisión de Constitución?

Por supuesto, la iniciativa ha encendido las alarmas, desde el primer momento, entre las asociaciones de periodistas y comunicadores, y con razón. Los gremios coinciden en que la mera existencia de este texto pone en riesgo la libertad de expresión y la prensa, ya que su interpretación quedará a merced de jueces. Los periodistas, históricamente perjudicados en situaciones similares, estarían expuestos así a otro grave peligro.

La prensa, columna vertebral de cualquier democracia, desempeña un rol esencial al arrojar luz sobre los rincones oscuros del poder. No podemos permitir que su labor sea coartada ni que se ponga en riesgo, teniendo ahora a un Código Penal modificado en ese sentido como respaldo.

Si bien es innegable que el gobierno anterior, liderado por Pedro Castillo, estuvo plagado de incompetencia, señalamientos, indicios de corrupción y hasta un frustrado golpe de Estado, ello no puede justificar que los ciudadanos cierren los ojos ante tropelías en curso. Las críticas al pasado no deben ser utilizadas como justificación para socavar la democracia.

Medidas como las propuestas por el Ejecutivo evocan tristes capítulos de dictaduras y regímenes autoritarios en toda América Latina, desde Argentina, Brasil y Chile hasta Cuba. Incluso encontramos paralelismos en nuestra propia historia, bajo gobiernos como los de Manuel Odría, Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez. Experiencias recientes, en Nicaragua bajo Daniel Ortega y en Venezuela con Nicolás Maduro, nos recuerdan las graves consecuencias de estos abusos de poder y opresión, lecciones que trascienden fronteras y tiempos.

Por todo ello, es esencial repudiar la propuesta y mantener una alerta constante sobre las acciones tanto gubernamentales como las del Congreso o del Poder Judicial, pues estas poseen un gran impacto en nuestras instituciones democráticas. La propuesta en cuestión amenaza con sofocar, incluso, la capacidad de la sociedad civil para expresar su descontento de manera pacífica y legal.

Ninguna arbitrariedad se puede convertir en norma, llámese violación de la separación de poderes, leyes con nombre propio o la protección de congresistas involucrados en el recorte de salarios a sus trabajadores. La falta de acción para esclarecer la muerte de 49 personas durante las protestas antigubernamentales añade más incertidumbre y aumenta el descontento social.

Esta situación es el resultado de la alianza entre el Ejecutivo y el Congreso, donde los intereses políticos y personales a menudo prevalecen sobre el bienestar de la población. Constituye una amenaza directa al Estado de derecho y mina sus cimientos.

Los ataques a las instituciones democráticas son como bombas de tiempo que debemos desactivar con determinación. Los ciudadanos no deben conformarse con la situación actual; deben levantar la voz y exigir transparencia, rendición de cuentas y respeto por los principios democráticos.

En un mundo lleno de desafíos cambiantes y complejos, el Perú necesita, por el contrario, fortalecer sus instituciones democráticas. La democracia no es un logro estático, sino un río en constante flujo que requiere la vigilancia activa de la sociedad civil y la mirada crítica hacia sus líderes.

Desde esta perspectiva, es responsabilidad de todos los ciudadanos mantenerse informados y escrutar las decisiones gubernamentales que amenacen derechos básicos. Debemos permanecer en estado de alerta ante cualquier intento de limitar la libertad de expresión y la capacidad de la prensa para cumplir su papel de informar y fiscalizar al gobierno.

Aunque el Gobierno busque avanzar en su agenda política y abordar la cuestión de la inseguridad en las calles, no debemos permitir que esto ocurra a expensas de las prerrogativas ciudadanas. Se requiere de nuestro compromiso inquebrantable porque solo así podremos mirar hacia el futuro con claridad y esperanza.