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En relación con el tema de la operación estética que, hace ya un año y entre gallos y medianoche, se realizó la señora presidenta Dina Boluarte, mucho se ha dicho: hay desde quienes sostienen que incurrió en una infracción constitucional hasta quien considera –nada menos que la fiscal de la Nación– que podría estar incursa en los delitos de abandono de cargo y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, previstos y penados en los artículos 380 y 377 del Código Penal.
Para ser serios y no entrar en esta carrera por buscar titulares y desinformar, o estar asumiendo una defensa que linda ya con el paroxismo, hay que distinguir tres escenarios: el constitucional, el penal y el político.
En cuanto a lo constitucional, he escuchado a muchos sostener que se produjo una infracción a la Constitución por no haber advertido sobre la intervención quirúrgica al Congreso de la República. Para sostener su aserto mencionan casos de presidentes de otros países que sí lo hicieron incluso para situaciones menores, como fueron los expresidentes de Estados Unidos Ronald Reagan, George Bush y Joe Biden, en 1985, el 2002 y el 2021, respectivamente.
En lo que no reparan quienes sostienen ello es que nuestra Constitución, a diferencia de la de los Estados Unidos, no contiene obligación alguna del presidente de la República de comunicar que va a enfrentar una situación en la que estará imposibilitado de desempeñar los derechos y deberes de su cargo.
La enmienda XXV de la Constitución de los Estados Unidos, que fue ratificada el 10 de febrero de 1967, sí ordena ello en su sección 3; de ahí que los expresidentes estadounidenses hayan procedido como se ha reseñado.
En cuanto al tema penal, sin ser experto en dicha especialidad, pero bastándome leer la tipificación que el Código Penal atribuye a los delitos que son materia de investigación preliminar, me parece claro que la anunciada carpeta es una muestra más de un desesperado afán fiscal por mostrar eficiencia, cuando es evidente que, una vez más, se generará ruido pero no habrá nueces.
El tema de fondo es político. Tenemos una gobernante que parece no saber que lo que más se valora en un político es su integridad y que conforme se asume un cargo de mayor importancia, en aras de esa integridad, la transparencia debe ser el norte de su actuar.
La señora Boluarte carece de credibilidad porque no es transparente; no nos dice la verdad, evade las interrogantes y así permite que toda especulación, por más retorcida que fuese, parezca cierta. Amén de que su conducta revela poco apego al respeto que debe tener a los límites que la Constitución le impone, como ocurrió cuando siendo ministra de Estado gestionaba intereses e intervenía en la dirección de una asociación privada (el Club Departamental Apurímac), a pesar de la prohibición expresa contenida en el artículo 126 de nuestra carta política. El gran problema –y sobre ello, en su momento, habrá que pasar la factura del caso– es que el Congreso se desentendió del asunto y minimizó su indebida conducta.
Ni qué decir respecto del tema de los relojes y alhajas, en el que después de tantas mentiras a cualquiera se le caería la cara de vergüenza… y no hay retoque facial que ayude a recuperar la credibilidad.
