Más allá de la intrascendencia de la mayoría de anuncios hechos por Dina Boluarte el domingo pasado en sus cinco horas de mensaje a la nación, lo que sí nos ha dejado instalada es una discusión sobre posibles nuevos ministerios o la fusión de los actuales. El Gobierno ha propuesto la creación de un ministerio de infraestructura, en tácito reconocimiento de que su idea de crear la Autoridad Nacional de Infraestructura el año pasado no funcionó, y ha hablado también de integrar algunos pares de ministerios, aunque no ha aclarado todavía cuáles.
Yo diría que la posibilidad de que eso llegue a concretarse o se haga bien es baja, por la escasa aprobación y capacidad técnica del Gobierno y del Congreso, que estarían involucrados. Pero, quién sabe, podría terminar saliendo un engendro con un presupuesto ingente y múltiples chances para la corrupción, como mucha gente teme que podría ser el caso del ministerio de infraestructura.
Fuera de esto, es interesante notar cómo esta discusión pone en evidencia las discrepancias ideológicas entre liberales y progresistas. En otros temas, como los derechos de las minorías, liberales y progresistas están bastante cercanos en sus posiciones, aunque llegan con argumentos distintos. Pero en lo que tiene que ver con mantener o hacer crecer la burocracia, la contraposición es palpable.
Los progresistas creen que hay injusticias que solo pueden ser solucionadas con intervención del Estado. La existencia, por lo tanto, de un ministerio dedicado a gestionar cualquiera de esas problemáticas idealmente implica que la sociedad le está dando importancia. Si fuera a desaparecer, digamos, el Ministerio de Cultura o el de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para ser absorbidos por el de Educación o Desarrollo e Inclusión Social, sería una tragedia, no solo porque se estarían despreciando tales causas, sino porque se estaría además desvinculando del Estado a gente que ha dedicado su vida profesional a trabajarlas. Los liberales parten, más bien, de la toma de conciencia de que la intervención del Estado tiende a ser ineficiente, limitativa de las libertades de las personas y que, aun cuando genuinamente busque solucionar un problema, termina ocasionando otros. Una sociedad no necesita un ministerio para acometer una determinada problemática y, de hecho, su existencia y la de toda la burocracia asociada extrae recursos de otros usos más valiosos. Más que la solución, el Gobierno bien puede ser el problema.
En el Perú hay liberales que afirman tajantemente que no necesitamos más que cuatro ministerios. Otros, como es mi caso, sí encontramos valor en que exista, por ejemplo, un Ministerio del Ambiente que gestione y proteja nuestra biodiversidad. Entre los progresistas, algunos priorizan cuestiones como la equidad de género o el cambio climático, y otros creen que el principal problema es que el Ministerio de Trabajo no es suficientemente prosindical o protrabajador.
No he mencionado todavía a los conservadores, algunos de los que pueden estar más cercanos de los liberales por ser fiscalmente conservadores –es decir, proausteridad del Estado–, mientras que otros tienen un enfrentamiento más ideológico con los progresistas y quisieran cambiar la denominación de Ministerio de la Mujer a ministerio de la familia. O chocan con los propios liberales en cuanto a que quieren ministerios de Interior o Defensa que, por razones de seguridad y orden interno, justifiquen mayores limitaciones de las libertades individuales.
Estas discusiones no tendrían por qué ser histéricas o despreciativas de la opinión ajena. Es perfectamente normal que no todos estemos de acuerdo sobre qué queremos que haga el Estado. Los actuales gobierno y Congreso, me temo, no tienen la legitimidad para intermediar esta discusión, pero los ciudadanos sí deberíamos debatir sobre qué tipo o tamaño de Estado le conviene más al país.