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La presidenta Dina Boluarte está nerviosa. No sabe qué hacer para que no la investiguen. Su último recurso es una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional.
El Consejo de Ministros acordó presentar este recurso, según la Resolución Ministerial (RM 151–2024). Se quiere plantear el tema como si se tratara de un conflicto de poderes del Estado.
No hay, sin embargo, un desplazamiento de las competencias del Ejecutivo por el Poder Judicial o el Ministerio Público. No hay ningún impedimento para que el Gobierno ejerza sus funciones.
La indagación preliminar sobre la presidenta Dina Boluarte ha sido autorizada por un juez. El Ministerio Público allanó el domicilio de la jefa del Estado en un procedimiento legal.
La demanda competencial encargada carece de fundamento. La RM señala que se hace “por menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la presidenta de la República”.
Las indagaciones fiscales en ningún momento invaden la jurisdicción del Ejecutivo o la presidenta. No hay menoscabo de las funciones presidenciales. Ella sigue ejerciendo como jefa del Estado y nadie le impide despachar, desplazarse o dirigir los Consejos de Ministros.
La presidenta se ha dado el tiempo para someterse a intervenciones de cirugía no imprescindible. A mediados del 2023 se ausentó 12 días de su despacho.
La mandataria no tiene una agenda demasiado apretada. No es que las citaciones a la Fiscalía de la Nación le roben tiempo de su recargadísima labor.
El 30 de marzo Dina Boluarte solicitó al fiscal de la Nación “se tome mi declaración indagatoria de forma inmediata a efectos de esclarecer lo más pronto posible los hechos materia de investigación”.
De pronto, Dina Boluarte ya no quiere esclarecer los hechos. Quiere, más bien, anular toda investigación.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, lo ha dicho abiertamente. La demanda competencial reclama al TC, según el ministro, que establezca “a nivel constitucional” si la Fiscalía de la Nación tiene o no la prerrogativa para investigar a un presidente en funciones.
La Corte Suprema ya se ha pronunciado a favor de la posibilidad de investigar a un presidente en funciones. El presidente, a su criterio, no tiene inmunidad penal.
Como Pedro Castillo en su momento, Boluarte plantea recursos para escaparse de las investigaciones. El TC tendrá que resolver si se trata de un conflicto de competencias o, simplemente, de evasión de la justicia.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Federico Salazar es peeriodista
