En modo tuit

De 67 pasamos a 73 muertos. Cuarenta y ocho por la respuesta gubernamental y subimos a 25 como consecuencia de las protestas, con los seis soldados ahogados en el río Ilave por no enfrentarse con manifestantes. Basta de mis muertos y los tuyos. Investigación y sanción contra todos los responsables.

¿Dictadura? No, democracia precaria, en mucho corrupta, en mucho ineficiente, pero que ha logrado sobrevivir a duras pruebas y hay que defenderla, peleando contra los que la desprestigian desde adentro y la petardean desde afuera.

Preocupantes decisiones del Tribunal Constitucional. Ejemplos: “senderistas que cumplieron condena pueden postular” (ergo, otros con delitos de similar lesividad); “empresas no pagarán intereses moratorios en querellas con la Sunat” (desaparece la motivación de litigar sanamente).

En democracia, a los periodistas les toca informar sobre todos los acontecimientos relevantes de un país, sin ninguna restricción. La búsqueda de la verdad requiere información independiente. No es aceptable “sugerir” el cómo y desde dónde es adecuado cubrir la noticia.

Imágenes de la TV dominical del acceso a la oficina de Pedro Castillo dan cuenta del rol estelar de Betssy Chávez y el no menor de Aníbal Torres en el fallido golpe de Estado. Recordemos que el texto que leyó Castillo estaba lleno de frases que este último había dicho en los días previos.

Desatinado, sesgado y nocivo el comunicado de Steve Levitsky (y tres personas más) pidiendo que EE.UU. no entregue a Toledo, uno de los presidentes más corruptos de nuestra variopinta historia de mandatarios corruptos. Nadie con dos dedos de frente los ha respaldado en el Perú.

Casi una burla el paquete de ayuda “especial” del Gobierno a Puno. Se usó el viejo truco de reempaquetar lo que ya está previsto y la demagogia de anunciar medidas que, por el paquidérmico ritmo del Estado, demorarán muchos años en ver la luz.

Insisto: el tema aimara en Puno va mucho más allá de las demás protestas. Hay múltiples factores que explican lo que allí pasa, pero el discurso de una “guerra civil” es muy peligroso. Se requiere una dedicación inteligente y cuidadosa.

La politizada elección del defensor del Pueblo no augura nada bueno. Pero siendo una atribución constitucional del Congreso, ¿puede un juez a pedido de un sindicato impedirla? ¿No hay fórmulas más razonables que regulen el control de la constitucionalidad por parte de los jueces?

Dina Boluarte: ¿tembleque que no pone mano firme? ¿O racista y genocida asesina de su pueblo? Difícil ser las dos cosas a la vez. Quizás, más bien, inexperta y sobrepasada al inicio, y aferrada ahora al 2026, para poner distancia a lo que ocurrió en Ayacucho y Juliaca.

Escupir al cielo no es aconsejable cuando tienes techo de vidrio. Gustavo Petro está ahora acusado junto con su hijo de recibir dinero de narcos para la campaña (y quedárselo). AMLO enfrenta enormes protestas por debilitar a la autoridad electoral mexicana.

La historia se repite. La mano derecha de Dina Boluarte en Palacio, Grika Asayag, no solo no reúne los mínimos requisitos para ser la asesora principal de una presidenta, sino que además está envuelta en situaciones nada santas en relación con la usurpación de una propiedad ajena.

No ayudan a su causa. No fue precisamente un lugar ‘neutral’ el que escogió buena parte de los manifestantes aimaras llegados a Lima. Decidieron alojarse en el local del Fenatep, que, como es ampliamente sabido, ha estado vinculado al Movadef.

Las buenas cosas que hace la fiscal de la Nación en la investigación a delitos cometidos en lo más alto del poder no borran que, en lo de su hermana, sus decisiones fuesen más que discutibles. La Junta Nacional de Justicia tiene atribuciones y motivo para investigar.

Indignación selectiva. Un comentario de Brian Nicholson del Gobierno de EE.UU. deseando que se llegue a un acuerdo para elecciones adelantadas ha indignado a congresistas izquierdistas, aquellos a los que no se les movió una ceja con las calumnias de AMLO y Petro.

La pita se rompe por el lado más débil. Tuvo que renunciar el oficial mayor del Congreso, José Cevasco, por múltiples gastos que no podían venir sino de la Mesa Directiva y que todos los congresistas disfrutaron sin queja alguna hasta que se conocieron públicamente.

Reprimir con gases lacrimógenos una protesta pacífica de 300 aimaras en Lima fue innecesario y contraproducente. Incendiar en Juli la comisaría y el Poder judicial (quemando el 95% de los expedientes) no es una respuesta legítima, sino vandalismo penado por la ley.

Es bueno que el Congreso haya rechazado cerrar definitivamente el adelanto de elecciones, pero los 63 votos que lo consiguieron dan cuenta de lo lejos que se está de los 87 y lo poco probable que se llegue a los 66, que trasladarían a un referéndum la decisión.

Otárola a la fiscalía: “No fui informado sobre planes de operaciones, se nos informaba el resultado de las acciones, los planes no corresponden al ministro de Defensa”. Una verdad tan a medias que deja de serla. Cuidado: las FF.AA. y la PNP no deben ser usadas como un salvavidas personal.