Investigar no es acusar

No hay ninguna prohibición constitucional que impida al Ministerio Público (MP) investigar a un presidente de la República en funciones.

Hay una limitante en la propia Constitución, que impide que el presidente sea acusado mientras esté en el cargo, porque se busca proteger la investidura presidencial a fin de que se ejerza sin mayores contratiempos, pues concurren en la misma persona la función de jefe del Gobierno y jefe del Estado.

Acusar no es investigar y la Constitución hace referencia a la acusación fiscal; por ello, no resulta razonable esperar que la presidenta Dina Boluarte concluya su mandato para luego iniciar la investigación. Al contrario, el MP, al conocer situaciones irregulares, procede con la investigación preliminar, interviene y asegura las fuentes de prueba, las huellas, los datos en la escena, para evitar que el tiempo o la voluntad humana la alteren o desaparezca.

La protección de la investidura presidencial no debe ser entendida como un manto que blinda la impunidad; por eso, no resulta coherente que la investigada, ejerciendo la función presidencial, busque restringir la labor indagatoria y persecutoria del MP, promoviendo una contienda competencial ante el TC, bajo el argumento de que la investigación fiscal en su contra menoscaba el ejercicio de las competencias del Ejecutivo.

Esa demanda debería ser rechazada de plano, porque los hechos irregulares que investiga el MP están referidos al actuar de la presidenta, no al ejercicio de competencias del Ejecutivo. ¡Ella no es el Ejecutivo!

El TC requiere el voto de cinco magistrados para no dar trámite al pedido: ¿se atreverán a decirle que no? El Ejecutivo requiere del proceso competencial en giro, porque podrían pedir luego al TC la suspensión de la investigación del MP, a través de medidas cautelares, en tanto se dilucide la contienda.

Al Congreso también le es importante este proceso competencial, porque podría convertirse en su tabla de salvación (transitoria) para postergar pronunciarse sobre el pedido del fiscal de la Nación para continuar con la investigación contra la presidenta, en tanto el TC no defina la contienda de competencia, y ello tomará su tiempo, en meses.