La presidenta Dina Boluarte ha negado que el vehículo que usa haya sido utilizado para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón. Lo ha hecho de una manera poco convincente y un tanto díscola.
Quienes hablan de ese transporte del prófugo en el vehículo presidencial tienen “mentes siniestras”, dijo la jefa del Estado. “Parecen Chucky con su novia, la novia de Chucky. Andan fabricando historias de terror”, señaló.
Las personas que tienen sospechas sobre el mal uso del llamado “cofre” son para la presidenta muñecos diabólicos. La formulación de la duda o la imputación de irregularidades es, a criterio de la mandataria, un acto de terror.
No se entiende la alusión a la novia de Chucky. ¿Por qué la señora presidente piensa en una pareja diabólica para representar a quienes cuestionan el uso del vehículo presidencial?
Las dudas, por supuesto, son más que razonables. El vehículo de placa EGR-844 fue visto el día del operativo para la captura de Vladimir Cerrón, en la playa Mikonos, en Asia. También ha sido registrado pasando por el peaje de Chilca, de norte a sur.
Dina Boluarte dice que ese auto no salió de la jurisdicción de Lima. Descarta la versión de que fue a Ica (supuestamente llevando al prófugo). “Los vehículos asignados al uso de la presidenta de la República son de uso exclusivo de la presidenta de la República y nunca se subió a ninguno de los vehículos... el prófugo Vladimir Cerrón”, manifestó.
Está muy bien que lo diga, pero no porque lo diga debe dejarse de hacer la pregunta sobre el uso del vehículo. La pregunta es simple: ¿qué hacía el “cofre” en la playa Mikonos y en el peaje de Chilca? ¿Cuál era el encargo?
En vez de hablarnos de Chucky y su novia, la presidenta debe informar sobre el uso del vehículo. La versión de que fue utilizado para trasladar al prófugo Vladimir Cerrón empezó con el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, según una grabación a él atribuida.
Palacio de Gobierno ha tratado más bien de cerrar el acceso a la información. La ha clasificado como “reservada”, a partir de un plan de seguridad aprobado recién el 13 de setiembre.
Si alguien quiere aumentar las dudas y sospechas, esta es la forma. Tenemos derecho a saber cómo se usan los bienes del Estado; más aún si se debe descartar un uso delictivo.