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El próximo martes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso dará cuenta de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte. No pasará mucho, aunque el asunto tiene un costo para el país.
El gobierno cuenta con el apoyo de la mayoría en el Congreso. No es un apoyo ideológico o partidario; es un apoyo de conveniencias.
No es un gobierno “débil”, en el sentido de que tiene apoyo del número suficiente de congresistas. Es un gobierno sumamente débil, si se tiene en cuenta la escasa aprobación de 5% (según encuesta del IEP).
La denuncia constitucional presentada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, recoge información sobre los relojes Rolex, aretes y pulseras de brillantes que lució la presidenta Dina Boluarte.
En la hipótesis del titular del Ministerio Público, estas joyas explican una serie de decretos supremos y decretos de urgencia por los que se destinó cerca de S/200 millones al Gobierno Regional de Ayacucho. El gobernador Wilfredo Oscorima entregó a Boluarte los relojes y las joyas.
La defensa de la presidenta sostiene que se trató de un “préstamo”. Oscorima habría entregado uno de los relojes porque habría visto que ella usaba “relojes comunes”.
“Dina, ¡no te pases, pues! ¡Sigues usando relojes comunes!”, le habría dicho Oscorima a la jefa del Estado. Así lo consigna la denuncia constitucional presentada al Congreso.
La fiscalía la investiga por el delito de enriquecimiento ilícito. La versión de que fue un “préstamo” podría ayudar a sortear esta atribución.
Otro delito por el que la investiga es el que habría cometido contra la fe pública, por omisión de consignar declaración de documentos. Además, habría “indicios de incremento patrimonial injustificado”. Al haberse devuelto los relojes, sin embargo, esto será difícil probar.
La denuncia incluye el “cohecho pasivo impropio”. Un soborno para que el funcionario haga algo que está dentro de sus funciones. No se trata solo de dinero. Puede constituirse por recibir un “donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido”.
Los presupuestos millonarios destinados al Gobierno Regional de Ayacucho tienen que investigarse a fondo. Es evidente la relación cronológica con los regalos (o “préstamos”, según la defensa). Lamentablemente, las alianzas del gobierno con el Congreso podrán maniobrar para posponer las investigaciones y evitar una acusación constitucional.
“Somos un gobierno sólido, fuerte y unido”, ha dicho la mandataria. El problema es que esa “solidez” no es otra cosa que una alianza de intereses que, cada vez, le cuesta al Perú ventajas otorgadas a los aliados y a los “amigos”.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Federico Salazar es periodista
