La discrepancia, por César Azabache Caracciolo

El 25 de noviembre el titular de Justicia, Daniel Figallo, y el entonces procurador Christian Salas discreparon en público sobre la posibilidad de usar los procedimientos de colaboración eficaz en el caso de Martín Belaunde Lossio. Esta discrepancia marcó el inicio de una de las crisis más incómodas que ha tenido este régimen. Un mes después, el ministro Figallo se ha salvado de la censura, pero su presencia en el Gabinete está, nos guste o no, herida de muerte. El Caso Belaunde Lossio recién comienza a investigarse y tiene muchísimas incógnitas por despejar. La permanencia del ministro al frente del despacho mientras se desarrollen las investigaciones multiplicaría, sin duda, el impacto político de cada incidente futuro. Un cargo público vigente, una objeción que adquiere determinado nivel de intensidad y un caso legal de destino incierto han demostrado ser una pésima combinación para sostener el equilibrio institucional que necesita cualquier gobierno.

Pero me sigue pareciendo llamativo notar que esta crisis nunca ha tenido sentido. La crisis existe porque la escena indica que se habría pretendido conceder a Belaunde Lossio determinadas inmunidades. Pero el nivel de notoriedad de Belaunde Lossio habría hecho imposible esto sin necesidad de provocar grandes debates públicos. Las inmunidades solo pueden ser concedidas a personajes anónimos que asumen riesgos reales por entregar información o evidencias contra alguien más poderoso que él y Belaunde Lossio no parece estar en esta condición. Aun así, imaginemos a Belaunde Lossio  pidiendo a sus abogados negociar algo a su alcance, como una disminución de condena contra la entrega de evidencias. Para que la oferta pueda ser tomada en serio, las evidencias ofrecidas habrían tenido que ser útiles para cerrar un caso contra alguien más importante que él o tendrían que permitir recuperar fondos públicos lavados por alguna organización que, evidentemente, no haya liderado él mismo. Si se trataba del Caso César Álvarez, el primero en su agenda con la justicia, el acuerdo podría haber parecido innecesario, porque el caso está casi completo. Pero si se trataba de recuperar fondos públicos habría sido absurdo que Salas, formado por Julio Arbizu en recuperaciones, se niegue a respaldar las negociaciones.

Sin una oferta sobre la mesa la discrepancia del 25 de noviembre sería inexplicable. Una buena oferta en la mesa la habría hecho imposible. Dado que la discrepancia es pública, debemos concluir que estamos ante la presencia de una oferta discutible. Los casos notorios como este no autorizan proceder en estas condiciones. Pero una oferta discutible mostraría a un Belaunde Lossio puesto en condiciones de negociar. Entonces lo que correspondía era subir la vara del requerimiento, no intentar forzar un acuerdo discutible ni patear la mesa y hacerlo imposible. Entonces ni siquiera buscando un escenario en que la escena sea sensata resulta aceptable el desenlace.

Para discutir colaboraciones, las ventanas deben estar cerradas y la mesa ubicada en el lugar que corresponde (la fiscalía, para ser exactos). La cuestión a resolver en estos casos nunca pasa por la identidad del solicitante (por definición todo solicitante es incómodo desde cierto punto de vista), sino por la utilidad de la evidencia que pone sobre la mesa. No deberíamos estar hablando de esto, pero ya que los señores Salas y Figallo hicieron pública la cuestión, cabe preguntarles: ¿Qué ofreció Belaunde Lossio, en realidad? Si la respuesta fuera “nada”, entonces señores, lamentaría concluir que merecen, ambos, regresar a sus casas.