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El asesinato de cuatro líderes asháninkas a manos de madereros ilegales demuestra cómo las mafias se apoderan, poco a poco, de nuestro país.
Edwin Chota, Leoncio Quincima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos son los nombres de nuestros compatriotas, gigantes de la conservación, hijos del bosque y luchadores solitarios contra la tala ilegal y el narcotráfico. Ambas mafias tan unidas que ya se habla de la ‘narcomadera’.
Duele saber que quienes defienden nuestros recursos naturales de los delincuentes depredadores –a falta de un Estado fuerte y eficiente que los erradique–no cuenten con apoyo ni protección de las autoridades.
Aterroriza que nuestros desorientados padrastros de la patria se hayan enterado de tan brutales crímenes una semana después de ocurridos y por una ONG brasileña. ¿Hay gobierno nacional o su radio de acción se reduce a Lima, balnearios y la feria gastronómica Mistura?
Indigna saber que en abril del año pasado Edwin Chota, una de las víctimas, pidió garantías. Dijo que estaba amenazado, que lo podían matar. “Es un riesgo de vida para nosotros mismos”, comentó en un video. Y así fue.
El nombre de Edwin ha dado la vuelta al mundo y ocupado titulares de los principales medios internacionales. De los cuatro, este valiente y simpático cincuentón era el más conocido. Desde comienzos del 2000 se entregó en cuerpo y alma a defender los derechos de los suyos –el pueblo asháninka– y a denunciar la alianza de los madereros ilegales con el narcotráfico, al punto de que ya puede hablarse de ‘narcomadera’.
La mafia de la ‘narcomadera’ –como la minería ilegal– tiene tentáculos que llegan a lo más alto del poder político y privado. Solo así se entiende que, pese a estar cantados, hayan ocurrido estos crímenes en la comunidad nativa del Alto Tamaya-Saweto, cabecera del río Tamaya, distrito de Masisea, región Ucayali. Y esos tentáculos podrían ser la razón por la cual el gobierno no tiene una política de frontera. “No hay presupuesto para la policía, la Marina, el Ejército”, como denunció el propio Edwin.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) ha publicado un fuerte comunicado para exigir al Estado Peruano y al Poder Judicial “hallar a los responsables y sancionarlos con todo el peso de la ley”. Algo que todos los peruanos de bien suscribimos. El presidente Ollanta Humala dice que estos crímenes no quedarán impunes, habrá que darle el beneficio de la duda.
Humala, sin embargo, no puede seguir con su política de mirar hacia otro lado en el tema del contrabando de madera. Es sabido que 80% de nuestras exportaciones en ese rubro son ilegales. ¿Qué se hace al respecto? Nada.
Los ingenieros forestales vienen pidiendo sin suerte que se implemente un sistema de certificación por ADN, pues la documentación actual (permisos) se falsifica fácilmente. ¿Por qué no se implanta ese sistema que impediría tanto el tráfico de madera ilegal?
La Agencia Estadounidense de Investigación Ambiental (EIA), especializada en delitos ambientales, elaboró un amplio informe sobre la ‘narcomadera’. Ninguna alta autoridad lo ha comentado. ¿Hasta dónde está infiltrado realmente el narcotráfico?
Mientras tanto las viudas de los mártires de la selva no han recibido ningún apoyo. ¿Es este el Perú que queremos?
