Norma Correa Aste

El título de esta columna corresponde a un reporte elaborado por el Banco Mundial, Unicef y Unesco (2022), que brinda una primera evaluación sobre los impactos de la del COVID-19 en la de América Latina y el Caribe, la región que sufrió el mayor impacto combinado en términos de salud, economía y educación.

El informe grafica esta situación como una “triple maldición” que afecta gravemente la formación de capital humano y las posibilidades de crecimiento sostenido e inclusivo. Los gobiernos de la región enfrentan el reto de responder a la crisis educativa más grave de los últimos 100 años que afecta de manera desproporcionada a niños, niñas y adolescentes. Esta generación será afectada con menores ingresos, previéndose una caída del 12% en las ganancias estimadas de por vida para todos los estudiantes matriculados. La pérdida de ingresos en la región ascenderá a los US$2,3 billones. Millones de estudiantes enfrentan pérdidas de aprendizaje y riesgos de abandono escolar, además de evidenciarse un incremento en las tasas de embarazo adolescente e impactos en el bienestar socioemocional.

Este panorama es especialmente retador para el Perú, país con uno de los cierres educativos más prolongados del planeta, en el que la pandemia profundizó las brechas ya existentes. Próximos a culminar el año académico que marcó el retorno a las clases presenciales en la educación inicial y básica, es claro que reabrir instituciones educativas era una medida indispensable, mas no suficiente para detener la crisis de aprendizajes. Mitigar el severo impacto de la emergencia educativa es necesario para la formación de capital humano, reducción de la pobreza, avance en la inclusión social y mejora en la competitividad del país. A pesar de ello, la recuperación de aprendizajes no ha recibido la prioridad política que amerita.

Recientemente, un evento público abordó los principales hallazgos del informe arriba citado, así como presentó experiencias locales de recuperación de aprendizajes. A pesar de los desafíos, es alentador visibilizar los esfuerzos de la comunidad educativa y familias para hacer frente a los impactos del prolongado cierre educativo. Se destacaron cuatro compromisos: 1) posicionar a la recuperación educativa en lo más alto de la agenda pública, 2) reintegrar a los estudiantes que han abandonado la escuela y asegurar su permanencia, 3) recuperar los aprendizajes perdidos y asegurar el bienestar socioemocional de los estudiantes, y 4) valorar, apoyar y capacitar al personal docente. En este contexto, una buena noticia para el país es la realización de la evaluación muestral a escolares en noviembre del 2022 por el Ministerio de Educación, la que brindará información oficial sobre la situación de los aprendizajes (lectura y matemática) y habilidades socioemocionales. Los resultados, anunciados para el primer trimestre del 2023, deben recibir la mayor atención pública.

En medio de la crisis política recurrente y una agenda pública marcada por denuncias y escándalos, resulta muy difícil sostener la atención en asuntos cruciales para el desarrollo del país. Hasta ahora, las discusiones sobre las salidas a la crisis se enfocan en soluciones políticas. Es necesario hablar más fuerte sobre las soluciones necesarias desde las políticas públicas, donde las respuestas a la crisis educativa merecen un lugar prioritario. No actuar con sentido de urgencia ante una tragedia anunciada constituye una negligencia nacional con un altísimo impacto social que afectará de manera desproporcionada a los sectores más pobres y vulnerables.

Norma Correa Aste es profesora e investigadora en la Pontificia Universidad Católica del Perú

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