Dos problemas que no quieren ver

Perdidos detrás del espectáculo político de todos los días, siguen deambulando a su suerte los verdaderos problemas del país. En el plano económico hay varios, pero dos se están haciendo más grandes que los demás: el apagón de la inversión privada y la precarización del mercado laboral.

Sobre lo primero, no se trata de una noticia nueva. Pero ya no es solo la evidente ralentización económica y falta de confianza empresarial tirando la cifra al lado negativo este año. Según estima el Instituto Peruano de Economía, ahora también se espera una caída de 2% para el 2023.

No ha sido suficiente el ‘boom’ de los precios de las materias primas para sostener los números. Pese a ser el principal motor de exportaciones, del total de inversión privada en el segundo trimestre del 2022, apenas el 10% se pudo explicar por inversión minera (en el 2012 fue el 18%). Esto es más preocupante si se considera que la cifra es similar a la que se tuvo en el 2016, cuando los precios del cobre eran casi la mitad de los que se tienen ahora.

Ahora, en un contexto de mayor conflictividad social y permanente crisis política, no sorprende que muchas inversiones esperen tiempos menos tormentosos antes de arriesgar capital. Y si bien al segundo trimestre la inversión privada creció 1%, se espera que el agregado anual sea negativo. Solo ahí hay varios millones de dólares que fueron ahuyentados.

Lejos de presentar un mensaje para cambiar este escenario, el nuevo ministro de Economía se estrenó hace unos días en el cargo con proyecciones de crecimiento menores a las que estima su equipo, criticando la labor del Banco Central de Reserva (BCR) y afirmando estar cerca de una recesión económica que nadie más parece ver. ¿Así apunta a generar confianza?

El segundo problema está directamente ligado a lo anterior. Con una economía desacelerada y una inversión privada que cerraría el año en rojo, el mercado laboral viene creciendo de forma disfuncional. Es cierto que el empleo ha aumentado y que el BCR muestra que desde abril del año pasado el país lleva 15 meses de crecimiento continuo en puestos de trabajos formales. El problema, más bien, es que el monstruo de la informalidad crece mucho más rápido.

Según el INEI, a junio de este año hay 9,7 millones de trabajadores informales en zonas urbanas. Todo un récord que supera en un millón a la cifra que se tenía antes de la pandemia y que no mejora con respecto al año pasado (hasta junio, la informalidad alcanzaba al 70,8% del total del empleo urbano versus 70,6% en el mismo periodo 12 meses atrás).

Con un mayor número de trabajadores sin derechos mínimos, el ingreso promedio de las personas todavía está un 3% por debajo del que recibían antes de la vida con mascarillas. Y si a eso se suma una inflación anual por encima del 8%, el tema debería ser motivo de alarma para las autoridades.

Lamentablemente, ni desde el Ejecutivo ni desde el Legislativo se preocupan mucho por esta situación. Por el lado de Palacio de Gobierno, el nuevo ministro de Trabajo está más concentrado en defender al jefe del Estado y sus familiares que en atender las responsabilidades de su cartera.

Y por el lado del Congreso, la Comisión de Trabajo parece estar confundiendo las cifras de informalidad con las del empleo formal. Solo así se podría entender que sus ojos estén puestos en encarecer las contrataciones formales y en legislar para la ínfima minoría de trabajadores sindicalizados (apenas el 5% del sector privado formal).

Existen, afortunadamente, otros actores que han tomado cartas en el asunto. El martes, por ejemplo, se conoció que una resolución del Indecopi declaró que el Ministerio de Trabajo excedió sus competencias con el decreto que prohíbe tercerizar ciertas actividades y afirmó que se trata de una barrera burocrática ilegal. También, la Corte Superior de Justicia de La Libertad declaró fundada en segunda instancia una medida cautelar que va en la misma línea.

Incluso meses atrás la Organización Internacional del Trabajo envió una carta al gobierno expresando su preocupación por la manera en que está legislando en materia laboral y alertó que podría ir contra convenios internacionales. Así las cosas, el presidente Pedro Castillo haría bien en escucharlos. Porque si lo que quiere es “atender las necesidades postergadas” del país, fomentar el empleo formal debería estar bien arriba en esa lista.