Perdiendo batallas

En los últimos años, la gran presencia de economías ilegales se ha convertido en una de las amenazas más graves que enfrenta el país. La falta efectiva del Estado, la incapacidad de la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial para controlar las actividades ilegales, pese a la regulación existente, les permite operar impunemente.

La economía ilegal es la producción de bienes que han sido declarados ilegales por el Estado, como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de personas, el contrabando y los sobornos y coimas. Los capitales que financian estas actividades son enormes y suelen estar lejos del sistema bancario y financiero. En el Perú, las economías ilegales mueven alrededor de US$6.500 millones cada año. Dinero que termina entrando a la economía formal de una manera u otra. Las economías ilegales están asociadas con la explotación ilegal de los recursos naturales y con la destrucción ambiental. Estas no solo tienen un impacto directo en la pérdida de ingresos para el Estado, sino que, más importante aún, las zonas en las que operan terminan siendo tierra de nadie, con altos índices de violencia, delincuencia, extorsión y tráfico de mujeres y niñas para la explotación sexual. Las actividades ilegales se amparan en milicias, grupos paramilitares, sicarios o, como en el caso del Perú y el narcotráfico, grupos subversivos como el de los Quispe Palomino.

Las economías ilegales, además, no se desarrollan aisladamente. Hay un vínculo entre lo legal, lo informal y lo ilegal. Y, de hecho, entre las diversas actividades ilegales. Por ejemplo, la minería ilegal está vinculada a la trata de personas y el sicariato.

Las economías ilegales distorsionan el mercado al generar competencia desleal, lo que finalmente limita los incentivos para que las empresas puedan operar dentro de la ley. Utilizan la violencia y la extorsión para alejar a las empresas formales de sus zonas de operación. Compran a las autoridades locales y debilitan el Estado de derecho, porque a menor institucionalidad, mayor impunidad, y así pueden continuar desarrollando sus actividades ilegales impunemente. En el caso del narcotráfico y la tala ilegal, por ejemplo, los principales opositores son los lideres indígenas y por ello, en los últimos dos años, al menos 20 líderes de comunidades nativas han sido asesinados.

La debilidad del Estado permite que el Reinfo, creado para permitir la formalización de los mineros artesanales, sea utilizado para incluir en la economía formal el producto de actividades ilegales.

La Libertad es la principal región del país en extracción de oro, y es una de las regiones con mayor presencia de mineros ilegales que conviven con la minería formal. El sábado 2 de diciembre, mineros ilegales atacaron las instalaciones de la minera Poderosa, en Pataz, asesinaron a nueve trabajadores y dejaron 23 heridos. Poderosa es una de las cuatro principales minas de oro de nuestro país y no es la primera vez que ha sido atacada por mineros ilegales. De hecho, en los 18 meses anteriores al ataque del 2 de diciembre, ya habían sido asesinados siete trabajadores. Nueve días después del ataque en Pataz, la policía aún no tiene ni idea de quiénes son los responsables. Y una vez más, como ocurre a diario en el Perú, la impunidad se impone. En La Libertad hay 128 policías por cada 100.000 habitantes asignados a 79 comisarías básicas y la mayoría de estas no tiene condiciones adecuadas. Cincuenta y seis no tienen infraestructura en buen estado y 49 no tienen servicios básicos.

Las economías ilegales son tan poderosas que no solo controlan grandes territorios, sino que además financian partidos políticos y candidatos que, una vez en el poder, les facilitan sus ilegales operaciones y el blanqueo de dinero.

El crecimiento de las actividades ilegales en los últimos años, unido a la falta de persecución y sanción efectiva, hace que en nuestro país el 87% crea que las economías ilegales han contribuido al crecimiento económico de su región, y las que más contribuyen son el narcotráfico y la minería ilegal (según el Barómetro de las Américas).

Las economías ilegales nos vienen ganando la batalla. Y, si el país no reacciona pronto, llegará un momento en que será muy difícil dar marcha atrás.