Economía peruana en emergencia

Hace tan solo dos semanas, advertí en este mismo espacio sobre la urgente necesidad de estabilizar dos elementos cruciales para evitar que el Perú se encamine rápidamente rumbo a convertirse nuevamente en un país fallido como el que fue a finales de la década de 1980. Decía que se debía restaurar el orden público y apuntalar los fundamentos macroeconómicos y, en particular, evitar a toda costa el deterioro de la calificación crediticia. El gobierno parece estar fracasando estrepitosamente en ambas tareas. Los desórdenes en varios sectores clave, sociales y económicos, van en camino a convertirse en una convulsión social generalizada a la cual se agrega la profusión de reivindicaciones de cada grupo de individuos que perciben la debilidad del gobierno.

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El temor que describía en mi anterior columna respecto a la calificación crediticia está en proceso de materializarse, desafortunadamente, con la perspectiva negativa que una de las tres principales agencias calificadoras ha publicado la semana pasada como probable anticipo a un deterioro de la calidad de la deuda peruana. En esta decisión de la agencia Fitch –que seguramente será seguida por las otras dos importantes calificadoras– ha pesado, además de la inestabilidad política, la serie de medidas populistas recientes emanadas del Ejecutivo y particularmente del Congreso. En efecto, tales medidas no solo están socavando la sostenibilidad fiscal, sino que tienen un impacto negativo sobre la inversión privada y sobre la percepción acerca de la predictibilidad de las acciones del Estado, todo ello en detrimento del crecimiento a largo plazo de la economía. Seguramente todo este perjuicio escapa al conocimiento del actual Parlamento, pero debe enfatizarse que provocar una posible rebaja de la calificación crediticia no solo encarecerá el costo de la deuda del Estado, sino que también hará más difícil el acceso al crédito a personas y a empresas grandes y pequeñas. Todo eso sucede en un momento en que el país debe acudir a los mercados internacionales de crédito para emitir deuda en volúmenes muy importantes.

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Hasta ahora, el Perú mantiene una posición privilegiada en el sentido que el pago de intereses de su deuda solo consume el equivalente a 1,4% del PBI. Si sumamos al previsible incremento de la tasa de interés el necesario aumento del tamaño de la deuda pública, tal proporción del PBI tenderá a elevarse, restando valiosos recursos a la inversión pública en infraestructura y a los sectores sociales como educación y salud.

Se configura así un escenario en que el Estado dispone de menos recursos para gastar internamente y en el que existe el inminente peligro de que el rebote en el crecimiento del próximo año sea mucho menor que aquel que esperan las autoridades económicas. Ese menor rebote vendrá causado por una menor inversión pública y privada. Adicionalmente, la situación de la caída de empleo adecuado pesará negativamente sobre el consumo privado (que es el componente más grande del PBI). En pocas palabras, el esperado rebote en el crecimiento del 2021 se disiparía, menguando la base sobre la cual construir el crecimiento de toda una década.

En resumen, la economía peruana, con las decisiones que vienen tomando el Ejecutivo y el Congreso, ha sido conducida a una sala de cuidados intensivos donde no existe la más mínima idea de cómo salvar al paciente. El bochornoso caso de incapacidad en la compra de vacunas para atender la crisis sanitaria grafica la lamentable situación de inacción y confusión total que hoy reina en el Estado.

Lamentablemente, la burocracia nacional se ha mostrado inoperativa e indolente con las necesidades del Estado y de la ciudadanía en un contexto de emergencia. Su falta de acción le viene causando al país perjuicios incalculables y, de no mediar decisiones políticas firmes, el barco seguirá a la deriva y la crisis temporal que atravesamos correrá el riesgo de volverse crónica. Para realizar un golpe de timón efectivo, el presidente Francisco Sagasti debe empezar por romper con la inercia política y ser absolutamente transparente con respecto de la coyuntura económica, política y de salud que ha heredado del gobierno de Martín Vizcarra. Esto le permitiría explicar a la población la necesidad de tomar acciones decisivas que reencausen el desarrollo del país. Como mínimo, los puntos neurálgicos a los que debe apuntar la actual administración son el reestablecimiento inmediato del orden público, el cuidado de la solidez macroeconómica y la organización eficiente y limpia de elecciones generales en abril. Hay demasiado en juego para no actuar valiente y decididamente.

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