Editorial: “Siempre con mis amigos”

Desde el comienzo, los erráticos y controversiales nombramientos del presidente Pedro Castillo en cargos claves para la administración pública han sido el principal problema de su administración. Varias de las personas designadas para encabezar ministerios no cumplían –y varios aún no cumplen– las condiciones mínimas de idoneidad para el puesto. Las vallas para obtener un fajín han venido reduciéndose con los años, pero desde julio pasado cualquier pretensión de requisitos vinculados a experiencia en el sector, trayectoria limpia o a sapiencia política ha desaparecido.

Esta propensión hacia nombramientos que discurren entre los inadecuados y los pésimos ha sido desplegada nuevamente a propósito de la elección de los prefectos regionales, quienes representan al Poder Ejecutivo en sus respectivas jurisdicciones. El presidente Castillo y el ministro del Interior, Avelino Guillén, han escogido a 21 nuevos prefectos, de los cuales 14 son docentes y al menos 13 de estos están vinculados al Fenatep, grupo radical que derivó del Conare-Sutep.

Como se sabe, esta última organización está ligada al Movadef e impulsó la huelga magisterial del 2017, con Castillo a la cabeza. El presidente es nada menos que el fundador del Fenatep, y desde su administración se tejieron diversos lazos con el sindicato en cuestión. No habían trascurrido ni tres días desde la juramentación del mandatario, por ejemplo, y ya el MTPE, con Iber Maraví entonces de ministro, le otorgaba la inscripción en el registro de organizaciones sindicales. Posteriormente, el censurado ministro de Educación, Carlos Gallardo, le dio un impulso al Fenatep en su lucha contra el sindicato educativo rival, el Sutep.

La historia no terminó ahí. Desde dentro del Minedu suenan voces que alertan sobre la injerencia que pretende tomar el Fenatep en el sector. Una prueba de ello fue la incorporación de Roy Palacios, cercano a la dirigencia del Fenatep, como viceministro de Gestión Institucional del Minedu. Palacios formó parte del grupo de 12 maestros del Fenatep que visitaron al presidente Castillo en Palacio de Gobierno en agosto pasado registrando información falsa.

La progresiva infiltración en el aparato estatal de personas con relación directa con grupos subversivos debería encender todas las alarmas de un sistema democrático. Eliseo Huamaní, nuevo prefecto regional de Apurímac, por ejemplo, aparece en los planillones del Movadef y la policía lo incluyó en el 2014 junto a otros miembros del Conare en un atestado por el presunto delito de terrorismo. Pero, lejos de atender las denuncias, el ministro Guillén ha reafirmado su respaldo a todos los prefectos.

A cinco meses de ser inaugurado en el cargo, el presidente Castillo insiste en demostrar que su selección de profesionales para acompañar su gestión desde lo alto del Ejecutivo es el peor atributo que tiene el Gobierno. Sea por desidia, alevosía o ignorancia, el Ejecutivo sigue permitiendo la infiltración de los elementos más nocivos de la sociedad en puestos de decisión estratégicos.

Si el mandatario mantiene este actuar sistemático del que ha hecho gala hasta ahora, otras entidades públicas deberán cobrar protagonismo para impedir un copamiento de instituciones que luego sea irreversible. Es su tarea y responsabilidad. Hasta ahora, la fiscalía, la contraloría y el Congreso, cada uno a su manera y con sus bemoles, han tenido reacciones de control relativo sobre los funcionarios más cuestionados, pero cada vez queda más claro que la ruta trazada no debería ser normalizada por la ciudadanía.

El caso de los prefectos, después de todo, ha reafirmado que, más que un gobierno que se dice estar “siempre con el pueblo”, es uno que bien podría tener como eslogan el de “Siempre con mis amigos”.