Tengo alguna experiencia y especial predilección por la docencia desde que me inicié en ella, a los 18 años, enseñando en el colegio Antonio Raimondi, a iniciativa de Jorge Puccinelli, a quien agradezco haberme dado la oportunidad de dictar en dicho centro de estudios el curso de Historia Universal, cuando yo cursaba el segundo año de Letras en la Universidad Católica.
Este antiguo vínculo con la actividad educativa, reforzado con la experiencia académica que he desarrollado en varias universidades del país, y que continúo haciéndolo, alternándola con mi ejercicio profesional, como abogado, me permite estar permanentemente cercano a los problemas por los que ella atraviesa en el Perú, habiéndome tocado vivir momentos álgidos, como cuando en la época de los años 90, algunas universidades nacionales fueron intervenidas por el gobierno de aquel entonces.
Por mi familiaridad con el tema, al leer días atrás el artículo del recientemente confirmado ministro de Educación, Jaime Saavedra, publicado en el diario El Comercio, no puedo sino coincidir con él cuando expresa que “no se crece para invertir en educación, sino que se requiere invertir en educación para sostener el crecimiento”, a lo que agregaría que ella resulta indispensable para poder alcanzar el desarrollo.
Si no, recordemos el interesante libro de Andrés Oppenheimer “Basta de historias”, en el cual nos muestra con claros ejemplos cómo países como Finlandia, China, Singapur, Israel y otros han logrado desarrollarse gracias al encomiable esfuerzo realizado por sus líderes en el campo educativo.
Cómo no nos va a preocupar que el ministro Saavedra señale: “El salario docente hoy es menos de un tercio de lo que era hace cuarenta años. La valoración social y económica de la carrera docente en el Perú es muy baja. En Chile y Costa Rica, esa valoración social es el doble. En Corea, el triple”. Las medidas que es preciso tomar para enfrentar de veras los problemas por los que atraviesa la educación en el Perú exigen un nivel de toma de conciencia para la cual no toda nuestra clase dirigente da la impresión de estar lo suficientemente comprometida.
El Gobierno, por otro lado, debe aumentar sustancialmente la asignación presupuestal, tal como se viene reclamando (incluyendo los pedidos del Acuerdo Nacional), y promover la coordinación con el sector privado para que el empresariado, que ya viene realizando esfuerzos meritorios a través de Empresarios por la Educación, complemente los empeños públicos. Así, juntos se promovería una labor de tanta importancia en favor de una educación de calidad como la que se requiere casi perentoriamente.
La educación es una necesidad que reclama ser atendida sin estridencias ni actitudes politiqueras, más aún si tenemos en cuenta que sus resultados son de mediano y largo plazo. Esto desafortunadamente ha hecho que los gobiernos, necesitados de exhibir resultados inmediatos, se hayan demorado en acometer su indispensable reforma.
Si bien es cierto que se ha mejorado la infraestructura, ya que se han reconstruido o rehabilitado el 5% de los locales escolares, y que hoy se invierte en el mantenimiento de todos los locales, las cifras destinadas a ello son, de todas formas, magras y, por lo tanto, insuficientes.
Lo que hace falta esencialmente es un impulso decidido como política de Estado, que comprometa no solo a este gobierno sino a los próximos, para que su prioridad sea un esfuerzo continuado y permanente en favor de una educación de calidad, en todos los sectores de la población. Así, nadie dejaría de beneficiarse de ella, y los avances tecnológicos más modernos que las circunstancias actuales exigen como impostergables llegarían por igual a todos los estudiantes.