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Múltiples han sido los efectos del nombramiento del general Urresti como ministro. El más obvio, la emergencia del primer ministro del Interior popular en mucho tiempo y su posible impacto en la recuperación de la aprobación del presidente Humala.
Un impacto positivo para el gobierno, pero lo dudo para el país, de cara a dotarnos de una política de seguridad ciudadana seria y eficaz, basada en evidencias y respetuosa de los derechos ciudadanos. Los populismos son siempre dañinos. A continuación, algunos de sus efectos negativos.
El primero, el sacrificio de la verdad y el juego malintencionado con las cifras sobre los logros policiales. El análisis del Grupo Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana da cuenta de ello.
La segunda víctima es el diálogo democrático y la concertación política, pues el ministro no acepta la crítica y la descalifica de plano. Es el único que sabe y considera a sus críticos unos ignorantes, pese a que hace solo un año apareció en escena desde el más absoluto anonimato. Hasta entones solo era conocido por quienes habían seguido las largas batallas judiciales para identificar a los responsables del asesinato del periodista Hugo Bustíos, por el que está procesado penalmente.
El tercero es el abandono del esfuerzo por profesionalizar la policía, que pasa por acabar con el 24 × 24 y restablecer la exclusividad del servicio. Hace dos meses el entonces ministro Albán anunció que el 2016 todos los efectivos trabajarían a tiempo completo. Lo único que se dice hoy es que los nuevos policías ya no trabajarán para particulares, pero el resto seguirá a medio tiempo. Otros temas desplazados son la modernización de la gestión y la lucha contra la corrupción policial.
La cuarta víctima es la respuesta multisectorial a los problemas de seguridad. El ministro funge de portavoz de la policía, pero no asume la conducción y articulación de la política, a través del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Es verdad que la decisión del Congreso de trasladar de Interior a la PCM la presidencia del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana ha generado confusión, aunque Interior sigue siendo el rector del sistema y responsable de su secretaría técnica nacional.
Una quinta consecuencia negativa es la poca efectividad contra el crimen organizado. A pesar de que el ministro afirma haber desarticulado 476 bandas en un mes, en 45 días no ha podido detener a ninguno de los peces gordos, ni a Rodolfo Orellana ni a Benedicto Jiménez ni a Martín Belaunde Lossio ni a Gerardo Viñas Dioses.
Por último, y no por ello menos importante, es grave que Urresti diga que va a destrozarle la cabeza a patadas a la delincuencia. La frase es inaceptable para un ministro del Interior de un gobierno democrático y transmite un mensaje violento y peligroso a la policía. Resulta, además, incomprensible viniendo de quien pide se respete su derecho a la presunción de inocencia en un proceso por un delito de lesa humanidad.
