Fiscalía: una guerra sin fin

El operativo Valkiria XI (¿habrá pronto un Valkiria XII?) genera varias dudas, a mi juicio, insoslayables.

Primero, la oportunidad. ¿Es casualidad que este despliegue se haya hecho casi inmediatamente después de que Inspectoría de la PNP ingresara a las instalaciones del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y a los pocos días de haberse destituido al coronel Harvey Colchado y designado a su reemplazo?

¿Es fruto del azar que ocurra en la víspera de la reunión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que va a decidir sobre la destitución de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides? ¿O es que, tal como se presume, será que la unanimidad inicialmente lograda para tal propósito se ha resquebrajado? Porque (también a propósito de la oportunidad) es claro que existe la posibilidad de que el Tribunal Constitucional (TC) decida en breve plazo sobre la situación de dos de sus integrantes: Aldo Vásquez e Inés Tello.

Segundo, la espectacularidad. Llama poderosamente la atención que, siguiendo la misma pauta de casos anteriores, Valkiria XI cuente con un despliegue mediático que ya quisieran tener los pacientes con dengue, los agricultores en riesgo de no poder exportar a la Unión Europea a partir del 2025, los peruanos sin agua y las víctimas de robos, asaltos y extorsiones.

Pero, sobre todo, sorprende el contraste con el silencio, la paciencia y la lentitud que la fiscalía exhibe en otros casos que implican a otros personajes.

Tercero, la motivación. ¿Deberíamos acostumbrarnos a que los mandatos de detención o allanamiento sean justificados solo en los dichos de colaboradores eficaces o de aspirantes a serlo? ¿O los jueces deberían exigir, como mínimo, un grado de corroboración elemental antes de proceder?

Dicho sea de paso, hablando del Poder Judicial y en medio de esta guerra sin cuartel en la fiscalía, ¿vamos a aceptar que los juzgados, en algunos casos, operen casi solo como una suerte de mesa de partes para procesos excepcionales como los comentados? ¿La justicia viene ponderando correctamente el efecto e impacto que estos operativos generan, en tanto hay un principio de presunción de inocencia involucrado? Aclaro que esto no tiene por qué interpretarse como un saludo a la impunidad, pero es inaceptable validar abusos.

Y, cuarto, la guerra misma. ¿Esta llegará a su fin en el Ministerio Público? ¿Alguien está en capacidad de replegar a los bandos en conflicto? ¿Es posible hablar de una reforma sin que la política meta las manos?