El Estado patrimonialista, por Omar Awapara

Comenté la semana pasada dos textos clave para entender los límites que existen para reformar un aparato estatal que, formalmente, cumplió 200 años de vida en julio, pero al que le cuesta hacer la transición a la vida adulta. No estamos solos en ello, porque con la excepción de Chile, Costa Rica y Uruguay, una marcada característica de los países latinoamericanos, y fuente de muchos de sus problemas, es la debilidad y crónica incapacidad de sus estados.

En un estupendo y ambicioso libro publicado también este año, “Latecomer State Formation”, el politólogo argentino Sebastián Mazzuca sostiene que la debilidad estatal de la región es, en realidad, un defecto de nacimiento; y, además, la razón por la que nuestras democracias son igualmente endebles.

Con notable capacidad de síntesis, Mazzuca señala que damos por sentado que los países que hoy vemos en el mapa nacieron cuando fueron declarados independientes. Una mirada más atenta a la primera mitad del siglo XIX muestra que, en realidad, muchas alternativas se abrieron por aquellos años, ante los problemas que los incipientes estados encontraron para consolidar su dominio sobre un territorio dado y monopolizar el uso legítimo de la violencia dentro de ese espacio (clásica definición del Estado como forma de organización política de Max Weber).

De hecho, el Perú dejó de existir por unos años, entre 1836 y 1839, para pasar a ser parte de la Confederación Perú-Boliviana. México se redujo casi a la mitad tras la pérdida de California y Texas, entre otras regiones. Y en la actual Argentina, un estado de Buenos Aires independiente era una posibilidad con amplias chances hasta mediados del siglo XIX.

Parte importante del argumento de Mazzuca es que esas decisiones políticas que terminaron dando forma a la geografía latinoamericana tal como la conocemos hoy se dieron sobre la base de criterios comerciales y no bélicos. La diferencia es crítica porque, en gran medida, ahí reside la diferencia entre estados pioneros en Europa y la formación estatal tardía en América Latina. Mientras que en Europa la guerra era un imperativo existencial, donde cada unidad política debía ser muy eficiente en hacer la guerra (y desarrollar un aparato administrativo y burocrático en torno a esa obligación, para dotarla de recursos financieros y humanos), en América Latina la construcción estatal partió de un objetivo comercial: hacia mediados del siglo XIX el mundo ya empezaba a demandar a raudales materias primas que podíamos ofrecerle, pero necesitábamos poner la casa en orden para poder llevarlas al puerto. Los ingresos por exportaciones fueron un incentivo poderoso y permitieron a algunos caudillos y países finalmente estabilizarse tras unas décadas iniciales de mucha convulsión.

El problema, entonces, fue el vicio de origen. En vez del darwinismo que cundió en Europa, en América Latina los estados negociaron su existencia, y resultaron en una suma de intereses patrimonialistas con la incorporación de regiones manejadas como chacras por caudillos locales. La excepción, donde no hubo esa incorporación de regiones patrimonialistas, fueron Chile, Uruguay y Costa Rica, precisamente.

La alternativa era muy costosa: embarcarse en guerras civiles contra caudillos regionales o locales para consolidar el monopolio, donde además se ponía en riesgo la estabilidad necesaria para exportar. Mejor cooptarlos e incorporarlos a una coalición de gobierno. Y ahí radicó la principal barrera para la construcción estatal: en vez de combatir el patrimonialismo, este se expande por todas las instancias gubernamentales.

Poco se ha avanzado desde esa coyuntura crítica, pero Mazzuca no pierde el optimismo, a pesar de tener casi dos siglos en contra. La novedad, en términos relativos, es la democracia, que lucha por volverse endémica por primera vez en la historia de la región. A mayor juego democrático, menos tolerancia con prácticas patrimonialistas. Tomará tiempo, pero valdrá la pena, eso seguro.