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Los hechos políticos aparentemente consumados de hoy podrían mantener su curso ya determinado o ingresar en un nuevo horizonte de imprevisibles consecuencias.
Nuestra fragilidad institucional tiende a estirarse sin límites como nuestra Constitución, mientras nuestro sentido de futuro tiende más bien a achicarse.
En no mucho tiempo sabremos, por acción del Tribunal Constitucional, si la disolución del Congreso de la República sufre alguna rectificación o se mantiene inalterable, o evolucionará, por acción del Gobierno, a un efecto dominó, cuando una serie de hechos similares en cadena podrían terminar dando forma a un régimen absolutamente autocrático.
El riesgo latente es que otros poderes autónomos como la Comisión Permanente del Congreso (lo que queda del Legislativo disuelto), la Corte Suprema, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional vayan a entrar en conflicto con el Gobierno y sus decisiones puedan ser consideradas intolerantes y obstruccionistas. Llegado ese momento sobrevendrían las consabidas justificaciones constitucionales de desacato a resoluciones de esos poderes o de toma de control fáctico encubierto de los mismos.
El cuestionamiento del procurador de la PCM a la facultad del presidente de la Comisión Permanente del Congreso (titularidad derivada del Legislativo disuelto) de interponer un recurso competencial ante el Tribunal Constitucional, so pena de pasar por usurpador de funciones, denota ya el rechazo a priori del Gobierno a la apelación a una instancia legal y legítima de la República, frente a hechos fácticos que merecen ser urgente y escrupulosamente revisados.
He aquí una ficha de efecto dominó puesta en línea delante de las que forzadamente podrían emerger después.
La actuación del procurador de la PCM contradice el allanamiento inicial del presidente a la intervención del Tribunal Constitucional sobre la disolución del Congreso y pone en tela de juicio las competencias intrínsecas de este órgano autónomo en la materia en discusión.
Siendo indiscutible la facultad (no obligación) constitucional del presidente de disolver el Congreso una vez negada la cuestión de confianza a dos gabinetes ministeriales, el Gobierno perdió más de una oportunidad en la aplicación “correcta e impecablemente” de esa facultad, como en verdad lo deseaba el entonces primer ministro Salvador del Solar, según sus propias palabras.
Lamentablemente, Vizcarra terminó sustentando la disolución del Congreso en la inexistente figura de la “negación fáctica” de la cuestión de confianza, cuando esta tenía que ser aprobada o rechazada tras un debate y votación del Congreso. Tal disolución tenía que estar acompañada además de un decreto supremo que llevara la firma del Gabinete Ministerial en pleno, cosa que no se cumplió.
Lejos de dejar inteligentemente sin piso al Gobierno en su apresurado propósito de ir por la disolución, costara lo que costara, el Congreso también hizo todo lo posible para que sobre sus desatinos acumulados Vizcarra cometiera el suyo inmenso y garrafal.
Saberse instalado en el poder sin controles ni limitaciones formales ni reales de ninguna clase supone para el presidente Vizcarra el manejo de un espacio muy cómodo para gobernar. Nada sería mejor que lo usara con honestidad, eficiencia y discrecionalidad. Este mismo espacio podría convertirse, en la personalidad autoritaria del mandatario, en fuente de cultivo propicio de posiciones y decisiones invasivas de otros poderes y derechos ciudadanos, pudiendo surtir precisamente el efecto dominó característico de regímenes autocráticos empeñados en controlarlo todo.
Como decía en mi anterior columna, Vizcarra tiene la oportunidad de mejorar y no empeorar las cosas, de ofrecernos una salida institucional al 2020 y al 2021 lo menos traumática políticamente y sin más zozobras para nuestra estabilidad económica.
La contención de sus arranques autoritarios, como aquel que lo llevó a amenazar al Ministerio Público con una reestructuración cuando Pedro Chávarry ejercía como fiscal de la Nación, será decisiva para no lamentar el efecto dominó pernicioso que más de una vez ha arrastrado al país a prolongados autoritarismos.
¡Cúrese en salud democrática, señor presidente, por su propio bien y el de todos los peruanos!
