"El Ejecutivo no puede tener la facultad de reformar la Constitución o impedir una reforma constitucional porque es al Ejecutivo al que hay que controlar" (Fotos: Fernando Sangama / @photo.gec).
"El Ejecutivo no puede tener la facultad de reformar la Constitución o impedir una reforma constitucional porque es al Ejecutivo al que hay que controlar" (Fotos: Fernando Sangama / @photo.gec).
Maria Cecilia  Villegas

Autora del libro “La verdad de una mentira”

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más

El Congreso publicó esta semana, por insistencia –esto es, a pesar de la observación del Poder Ejecutivo–, una ley donde precisa la cuestión de confianza. La norma establece que el Ejecutivo no podrá plantear cuestión de confianza para temas que no le competan de manera directa. A raíz de ello, el Ejecutivo ha sostenido que la publicación de la ley es un “golpe parlamentario”. De hecho, el Gobierno ya presentó ante el Tribunal Constitucional la demanda contra dicha ley.

La cuestión de confianza es una atribución que la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo en determinados casos. Esta no fue diseñada para ser utilizada en temas que competen exclusivamente al Legislativo: esto es, por ejemplo, reformas constitucionales. Ello, porque lo contrario rompería el equilibrio de poderes. Recordemos que la Constitución Política del Perú establece tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Los tres poderes están al mismo nivel, pero tienen atribuciones específicas distintas. Por ejemplo, el Ejecutivo, por un lado, es aquel poder que controla los recursos del Estado y la fuerza pública. Por ello, si no se le limita adecuadamente, puede poner en peligro las libertades individuales de los ciudadanos. Por otro lado, es el Poder Legislativo donde recae la representación popular. De hecho, en el sistema de pesos y contrapesos (imperante en las democracias liberales, como pretende ser el Perú) es el responsable de controlar al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial.

La división de poderes y los pesos y contrapesos son sistemas creados para impedir la existencia de un poder absoluto, por el peligro que ello conlleva para los ciudadanos. Las instituciones han sido creadas para controlar al Estado y limitar su poder. Uno de los principios básicos de la democracia es precisamente la limitación del poder. Por ello, nada es más antidemocrático que la concentración de poder. Y es eso precisamente lo que el gobierno de Pedro Castillo está buscando: concentrar un poder sin límites. Y es que los límites impuestos a través de la Constitución Política incomodan al presidente Castillo. Pero son precisamente esos límites los que impiden el abuso del poder. Porque si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente.

En respuesta a la norma publicada, el Ejecutivo ha iniciado una campaña para deslegitimar al Congreso de la República, sosteniendo que este último busca romper el equilibrio de poderes. Sin embargo, es precisamente lo contrario. El Ejecutivo no puede tener la facultad de reformar la Constitución o impedir una reforma constitucional porque es al Ejecutivo al que hay que controlar. El gobierno de Pedro Castillo ha presentado un proyecto de ley, con la excusa de la defensa del equilibrio de poderes, que ahonda el desequilibrio y le da un poder mayor al Ejecutivo, al limitar la facultad constitucional del Congreso para censurar ministros y eliminar la incapacidad moral permanente. Castillo quiere gobernar sin que nadie le ponga un contrapeso.

Y es por ello que la defensa de la Constitución y el fuero legislativo es tan importante. Recordemos cuando el ex primer ministro Salvador del Solar pasó por encima de la Constitución Política y la majestad del Congreso, y forzó su entrada al Palacio Legislativo para presentar una irregular cuestión de confianza sobre la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Cabe resaltar que esa elección le competía exclusivamente al Congreso. Y es que cuando los “demócratas” llegan al poder, más luego se olvidan de la democracia y sus formas. Y, por ejemplo, implementan interpretaciones auténticas, como la denegación fáctica de Vizcarra, que llevó a la disolución del Congreso y le permitió gobernar sin contrapeso durante cerca de seis meses.

Las democracias latinoamericanas han sido históricamente bobas. No han logrado defenderse de los ataques de gobiernos autoritarios, que utilizan las mismas instituciones democráticas que buscan destruir para limitar las libertades de los ciudadanos y construir dictaduras. La defensa del país es responsabilidad de cada uno de nosotros.