“Adolfo Hitler visitaba el norte de Italia y Mussolini le muestra una autopista […]. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo”.

“Ahí tenemos un cura [...], el cura Valverde, perdón, me equivoqué, el cura que es autoridad en Huancayo, que en este momento me olvidé su nombre, tan miserable puede ser esta persona”.

“Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, no puede ser buena esposa, es mala hija, no puede ser buena hija, si tiene hijos solo está deformando a sus hijos, los cría con complejos de superioridad”.

Hemos tenido que soportar esta desinformada admiración por la obra de un genocida, los viles insultos al arzobispo que promovía un Gabinete de consenso o el desprecio machista contra una periodista que osó decir que una carretera que prometió este gobierno está paralizada.

No pocos lo atribuyen a que su salud no se encuentra del todo bien. Sea cierto o no, estamos ante infames exabruptos (¡hay muchos más!) del que ejerce el segundo cargo más importante del Ejecutivo y el que, a todas luces, maneja la zigzagueante “estrategia política” del Gobierno.

Oírlo es desagradable y lo fue especialmente en su segunda presentación de una “cuestión de confianza” en una semana. Luego de una perorata leguleya, que ya ha sido destripada por innumerables especialistas, terminó con cuatro minutos estelares.

“No optemos por términos oscuros, por términos ambiguos, por decir que no es admisible, que no es procedente, etc. […] El 133 de la Constitución dice: si la confianza le es rehusada. No dice si la confianza es rechazada, el rehusamiento (sic) puede ser por cualquiera de esos mecanismos, declarar la inadmisibilidad, la improcedencia o cualquier otro mecanismo y eso, por supuesto, lo entenderá el Ejecutivo como un rehusamiento de la cuestión de confianza”.

O sea, hagan lo que hagan, puede interpretar lo que a él le dé la gana. Y como el legalmente no puede aceptar su admisión, pues la ‘bala de plata’ estaría disparada.

En ese momento de sus divagaciones, se da cuenta de que ha ido demasiado lejos y que los congresistas defensores de no lo serían al precio de irse a sus casas para salvarlo.

Ensaya una salida: “subrayo que no hay ninguna intención de iniciar un proceso de cierre del Congreso”. Debió detenerse ahí, pero su incontinencia verbal lo domina y agrega: “el Ejecutivo está facultado para presentar, de acuerdo con la Constitución, dos o más cuestiones de confianza incluso simultáneamente y no necesitaríamos de más de cinco días para llegar a la conclusión que pretenden llegar”.

O sea, si Torres cumple y se autodenomina censurado, en cinco días podrían cerrar el Congreso bombardeándolo de “cuestiones de confianza”. El hacerlo o no, solo dependería de las “convicciones democráticas” de Castillo. ¡”Palabra de maestro”!

Al cerrar su perorata, Torres explica por qué les urge tanto hacerlo: “A mí me ha denunciado la misma fiscal de la Nación por participar de una asociación criminal, en una asociación delictiva o por perturbar el desarrollo del proceso, sin mostrar ninguna prueba […], analicen la hoja de vida del que habla y la de la fiscal de la Nación, considerando, por supuesto, lo que han manifestado los propios fiscales que han salido por su mala actuación y considerando las denuncias que tiene ante la Junta Nacional de Justicia, para determinar quién es el que debe ser investigado, si yo o ella, quién es el que debe estar en la cárcel, si yo o ella”.

Si Torres (y también Chero y Sánchez) están muy asustados por las bien merecidas investigaciones sobre obstrucción a la justicia en el Caso Castillo, ¿se imaginan el terror del que figura como líder de la organización criminal en las 375 páginas de una contundente denuncia constitucional que reúne 190 elementos de convicción?

No hay recurso que los abogados de Castillo no hayan presentado al Poder judicial para impedir la investigación y no hayan perdido. El lunes, la Sala Penal de la Corte Suprema, por unanimidad de sus cinco miembros, ha ratificado la legalidad de la investigación de la fiscalía.

La fiscal, por su lado, le ha informado a la OEA que hay 47 carpetas fiscales en curso contra Castillo (las del fraude fueron archivadas). Sabiendo que la denuncia constitucional solo acumula tres de ellas, es fácil prever que las detenciones y las subsecuentes colaboraciones eficaces tienen para rato.

¿Hay suficientes ‘niños’ en el Congreso para garantizar su impunidad? Ya acercándonos a los 10 colaboradores eficaces, Castillo no puede confiar en que sus secuaces estarán dispuestos a ir a la cárcel para protegerlo. De ser así, solo tiene una escapatoria: cerrar el Congreso (lo que en todas las marchas que promueve figura como lema central), para luego, con alguna nueva leguleyada, deshacerse de la fiscal de la Nación.

Carlos Basombrío Iglesias es analista político y experto en temas de seguridad

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