El pretexto de la anticorrupción, por Fernando Rospigliosi

Y, por supuesto, la acusación tiene aún menos fundamento para campañas electorales anteriores, previamente a que estallara en Brasil el escándalo Lava Jato, cuando no se sabía que era una empresa corrupta. Sin embargo, la fiscalía, en contubernio con la coalición vizcarrista, ha usado ese falaz argumento para perseguir, encarcelar y demoler a los adversarios del Gobierno. (Por cierto, es distinto el caso de funcionarios públicos que recibieron aportes o coimas ejerciendo cargos en el Estado).

Ahora, cuando por alguna razón la fiscalía la emprende con uno de los cófrades de esa coalición, se levantan airadas protestas que no se escucharon cuando con esos mismos motivos no solo se investigaba sino se perseguía, enlodaba y encarcelaba a otros.

Una evidencia más de que la supuesta lucha anticorrupción encabezada por el Gobierno, no fue sino una cubierta para liquidar a sus adversarios.

El nulo interés del Gobierno de Martín Vizcarra en la lucha anticorrupción se manifiesta cotidianamente en muchos casos, entre otros en la descarada e impune contratación –en algunos casos ilegal– de amigos, parientes y allegados del presidente y su círculos cercano en el Estado.

O en los reiterados casos de corrupción en la Policía y el Ministerio del Interior. Al principio de la pandemia eso motivó la caída de Carlos Morán –aunque hasta ahora no hay responsables– pero luego ha continuado ininterrumpidamente. Solo en los últimos días se han sumado las denuncias de una “millonaria compra policial embarrada por las sospechas de corrupción” de equipos de protección antivirus en Lambayeque (El Comercio, 20/8/29), y la de otra adquisición millonaria irregular de chalecos antibalas en Lima denunciada por “La República” (17/8/20).

Y esto se produce en medio de una situación catastrófica de la Policía, una institución que tiene más de 25.000 contagiados y 415 fallecidos, como señala José Luis Gil (“Perú.21”, 18/8/20).

Creer que al Gobierno le interesa realmente la lucha anticorrupción es tan absurdo como pensar que ha tenido un excelente desempeño durante la pandemia.

Otrosí digo. El lapidario pronunciamiento del Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, refleja lo que es ahora la mayoritaria opinión de todos aquellos que analizan y califican el comportamiento del Gobierno durante la pandemia: un fracaso sin atenuantes y con escasa voluntad de rectificación. Exceptuando, por supuesto, a un pequeño grupo de adulones y prebendarios que todavía se refugian en la falacia de que la culpa la tienen todos.

Precisamente la DP señala que “no comparte el argumento que hace recaer la principal causa del repunte de contagios en una población irresponsable y desorganizada”.