Jaime de Althaus

La designación de Betssy Chávez como presidenta del Consejo de Ministros confirma la percepción de que el Gobierno ha decidido radicalizar su estrategia de confrontación con el para acumular políticamente hasta disolverlo. La flamante primera ministra, carente de credenciales, es uno de los cuadros más agresivos del entorno presidencial y su nombramiento es una provocación directa no solo al país, sino en particular al Congreso, que ya la había censurado en una ocasión.

El plan del es muy claro. Fue anunciado por el renunciante primer ministro Aníbal Torres cuando presentó su cuestión de confianza: declarar la denegación fáctica de la confianza aún si fuera declarada improcedente y volver a hacerlo luego por segunda vez para disponer la disolución del Congreso.

Por supuesto que un cierre del Parlamento así ejecutado sería abiertamente ilegal porque, según la ley, solo el Congreso puede determinar el sentido de su decisión sobre una cuestión de confianza y la falaz denegación fáctica ya no existe, de modo que el Ejecutivo solo podría imponer el cierre del Congreso por la fuerza, mediante un golpe de Estado abiertamente inconstitucional.

Para eso, sin embargo, necesitaría el apoyo de la fuerza armada, que no lo tiene, aunque habría que ver si la Policía Nacional obedecería una orden de impedir el ingreso de los congresistas al Parlamento. De ocurrir algo así, ingresaríamos por esa vía a una confrontación de magnitudes imprevisibles. Por lo demás, si ello no le funcionara, el Gobierno cuenta con las algaradas que Antauro Humala logre armar en Lima en el verano, luego de haber convocado a los asistentes a todos sus mítines a sumarse a esa marcha de 500 mil reservistas que dice vendrán a la capital precisamente para cerrar el Congreso.

El Congreso tiene que actuar con celeridad. Debería apurarse en reunir los 87 votos para la vacancia antes de que sea demasiado tarde. Que no nos extrañe que la nueva primera ministra plantee ya una cuestión de confianza sobre algún tema improcedente la próxima semana, aunque en puridad constitucional debería esperar hasta su presentación en el Congreso para exponer la política general del Gobierno y solicitar cuestión de confianza para dicha política, para lo cual tiene 30 días.

La propia vicepresidenta Dina Boluarte comunicó vía Twitter que ha decidido no continuar en el próximo Gabinete Ministerial. Sin duda, conoce los planes destructivos del Gobierno y por eso se retira escribiendo que “no tengo duda que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie”. Podría terminar reemplazando a Castillo más temprano que tarde, pero tendría que hacerlo con un gabinete respetable capaz de iniciar la recuperación nacional.

Un golpe como el que pretende el Gobierno, tan evidente y descarado, debería provocar una muy fuerte movilización ciudadana de protesta. El problema acá es que la oposición social al Gobierno está profundamente dividida entre la “derecha” y los “caviares”. A las marchas, por ejemplo, no asisten los “caviares”. La aversión recíproca es patológica. Se necesita empezar a dialogar para coordinar y sumar esfuerzos de manera orgánica a fin de defender la democracia.

Porque el proyecto gubernamental va más allá de la sola desesperación por evitar la vacancia o la suspensión temporal. Retoma el designio original de cerrar el Congreso y convocar una asamblea constituyente para concentrar el poder y perpetuarse en él. No fue casualidad que la cuestión de confianza fuera contra la ley del referéndum, que no elimina ese derecho, como quieren engañar, sino que lo subordina a una primera votación del Congreso, como dice el artículo 206 de la Carta Magna. Ahora, la asamblea constituyente se ha vuelto el seguro de vida de Castillo para, desde allí, anular las investigaciones por corrupción y salvarse de las sanciones. Es la misma promesa que le hace Antauro, su última esperanza.

Jaime de Althaus es analista político

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más