El resultado de una mala elección, por Maria Cecilia Villegas

Hoy se debatirá en el Congreso la moción de vacancia presidencial. Más allá de los resultados, el ruido político y la gran fragmentación tienen un impacto serio en el crecimiento y el desarrollo del país. De acuerdo al Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 71% de los peruanos cree que Pedro Castillo no terminará su gobierno: 63% de ellos cree que la razón fundamental es su incapacidad para gobernar, mientras que el 33% cree que es porque no lo dejan gobernar.

Pero mientras nos distraemos con las mociones de vacancia, el Gobierno continúa firme en su intento de copar el aparato estatal. La disfuncionalidad de nuestra precaria democracia hace que no logremos impedir que personajes con prontuario y falta de capacidad ocupen los más altos cargos en el Ejecutivo. El exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, aquel que pactó con las empresas de transporte y se tiró abajo la reforma mientras medio país alzaba su voz en contra, se fue, pero nos dejó a su segundo. Y pese a todos los cuestionamientos, los ministros de Salud, Vivienda y Energía y Minas siguen sentados en sus despachos.

Gobernar no es un juego y las decisiones que se toman en los despachos del sector público tienen un impacto directo en la vida de todos los peruanos; aunque la gran mayoría no esté interesada en involucrarse. Hace unos días, Standard & Poor’s rebajó la calificación del Perú a BBB. Esto significa que estamos a un escalón de perder el grado de inversión. Una de las razones que motivaron la rebaja de la calificación es que la crisis política está debilitando la confianza de los inversionistas y limitando las perspectivas de crecimiento económico del país. Una segunda razón es que las leyes populistas aprobadas por el Congreso (2020-2021) permitieron el retiro anticipado de los fondos de las AFP en montos que superan los S/65 mil millones y que equivalen al 8,1% del PBI. Una parte importante de los fondos de las AFP se invertía en el país y permitía un financiamiento de proyectos tanto públicos como privados más barato. Tal y como sostiene el exministro David Tuesta, con el retiro de casi un tercio de los fondos acumulados se está rompiendo el círculo virtuoso que se genera cuando hay ahorro, inversión, financiamiento barato, crecimiento económico, generación de empleo y reducción de pobreza. La reducción del grado de inversión significa que, cuando el Perú salga a buscar créditos al mercado internacional, la tasa de interés que se le cobre será más alta (es decir, el dinero será más caro) que la que se le habría cobrado con un grado de inversión mayor, porque el riesgo de invertir en el país es más grande. Como cualquier persona cuando va a un banco a pedir un crédito, los países son calificados por su capacidad de pago. El Perú hoy es considerado como un país donde existen condiciones políticas y económicas adversas que podrían debilitar su capacidad para cumplir sus pagos. Y ante esta situación, los inversionistas se retraen.

El presupuesto público se financia con dinero de todos los peruanos. Por lo tanto, a menor crecimiento económico, menor recaudación fiscal y, por lo tanto, el Estado tendrá menos recursos para financiar servicios para los peruanos más pobres (educación, salud, nutrición, agua, saneamiento, etc.) e invertir en obras de infraestructura para cerrar la gran brecha que existe. Esto, a su vez, limita el desarrollo y crecimiento de industrias que requieren de infraestructura. Sin mayor inversión privada, se reduce la creación de puestos de trabajo y, con ello, las oportunidades de los peruanos de tener un trabajo que les permita escapar de la pobreza. Solo para hacernos una idea, cada año 250.000 jóvenes se unen a la PEA y salen a buscar un trabajo.

Esto es resultado de habernos desentendido de la política. Una democracia funcional requiere de una ciudadanía que participe activamente. Entonces, ¿en qué momento decimos basta ya y salimos a construir país y defender nuestros derechos y nuestra billetera?