El evento del Jurado Nacional de Elecciones duró unas tres horas. Esta vez, todos los candidatos convocados asistieron a la cita. (Foto: Alonso Chero/El Comercio)
El evento del Jurado Nacional de Elecciones duró unas tres horas. Esta vez, todos los candidatos convocados asistieron a la cita. (Foto: Alonso Chero/El Comercio)
Federico Salazar

Todos los candidatos piden el voto y la confianza. A pesar de su entusiasmo, en realidad, no hay muchas razones para endosar a nadie nuestra confianza.

El votante cree que basta con cambiar de cara. No es así. Tenemos que cambiar las instituciones y las reglas para cerrar el paso al desmanejo, la corrupción y el delito.

La Ley de Municipalidades no ha sufrido mayor cambio, a pesar de los vendavales. La experiencia que todos padecimos con Odebrecht, por ejemplo, no parece haber enseñado nada.

El caso del peaje de Puente Piedra debe servir de ejemplo. Se hizo un contrato que no incluía las rutas alternas. La empresa constructora detectó que gastaría más de la cuenta. Se recurrió al peaje como forma de financiar la diferencia.

La gente, de pronto, se vio secuestrada en su propia localidad. Para salir y entrar tenía que pagar peaje de carretera. No había un camino libre para los ciudadanos. Hubo protestas, se quitaron las garitas y se detuvo la obra.

¿Qué pasó con el que diseñó el contrato inicial? Nada. ¿Qué pasó con la autoridad que otorgó una concesión sin vía auxiliar? Nada.
La autoridad municipal no pudo resolver el problema de la vía auxiliar. En consecuencia, quitó las garitas. Sin peaje, ¿cómo podía seguir operando la empresa?

¿Se han cambiado las facultades del alcalde? ¿Alguien ha propuesto cambiar la Ley de Municipalidades y esclarecer las funciones y límites de los alcaldes?

Este es solo un ejemplo. Toda la gestión municipal está viciada por el exceso de regulaciones, por un lado, y, por otro, por falta de claridad en la definición de funciones, potestades y límites de las autoridades.
Los gobiernos municipales se encuentran entre las instituciones más corruptas, según la percepción del público. El 82,3% de encuestados considera no confiable a su municipalidad distrital, según el INEI (Perú: Percepción Ciudadana…, nov- 2017-abril 2018, cuadro 4).

Es de los más altos niveles de desconfianza en las instituciones del país. Es superado por otra institución: ¡las municipalidades provinciales (82,6%)! Estas dos, a su vez, son superadas en la desconfianza solo por otras dos instituciones: el Congreso de la República (88,1%) y los partidos políticos (91,4%).

Hay más de una veintena de ex alcaldes condenados por distintos delitos. Hace poco hemos visto las detenciones de los alcaldes de Chilca, La Victoria y Punta Negra. Pertenecían o lideraban bandas criminales.

Han sido condenados alcaldes de San Juan de Lurigancho, de Chiclayo, de Chilca, de Cotabambas, de Huanipaca y San Pedro de Cachora (Apurímac); de Sánchez Carrión (La Libertad), de Castilla, de Sullana (Piura); de Pacaipampa (Ayabaca); de Pacora (Lambayeque); Nuevo Chimbote, Yaután y San Marcos (Áncash).

También hay ex alcaldes condenados de distritos y provincias de Puno, Tacna, Cusco, Arequipa, entre otros.

Este proceso de corrupción y delincuencia en los gobiernos locales y regionales avanzó en los últimos 15 años. La Ley de Municipalidades fue promulgada por Alejandro Toledo, en el 2003.

Aparte de algunas modificaciones, nadie ha propuesto un cambio radical del marco de reglas de gobierno y de gestión contenidas en esa norma. El que lleguen a estos gobiernos tantos delincuentes y tantos corruptos no parece llamar la atención de los legisladores.

Ni la legislación electoral ni la legislación municipal han detenido este proceso degenerativo. Es como si creyéramos que hemos sido afectados por una tormenta moral, y los corruptos y delincuentes hubieran caído del cielo.

No es así. No es un problema del clima, es un problema de las instituciones. Las instituciones las hacemos nosotros. Hasta ahora no trasladamos la experiencia a las leyes. Mientras eso no cambie, no va a cambiar esencialmente el resultado de nuestra elección.

No todas las personas tienen los mismos estándares morales, es cierto, pero un marco institucional pervertido facilita que los que tienen escrúpulos sean sobrepasados por los que no los tienen. Por eso es buena, en este caso y por ahora, la desconfianza.

Votemos por quien nos parezca menos desconfiable. No nos hagamos, sin embargo, muchas esperanzas.