En economía, por “modelo económico” se entiende una representación simplificada de los comportamientos de los agentes económicos (consumidores, empresas y el gobierno) y los equilibrios alcanzados en diversas variables de interés para estos agentes. Usualmente estos modelos se expresan en un conjunto de ecuaciones matemáticas que reflejan el comportamiento de los agentes económicos, en función de sus objetivos, ciertos parámetros y restricciones presupuestarias. Estos modelos matemáticos pueden ser mas o menos sofisticados, con inclusión de variables dinámicas, y en un mundo estocástico. Los economistas trabajamos –de una u otra manera– con modelos económicos de toda índole, de acuerdo con las distintas especialidades de la profesión.
Sin embargo, en el argot político y extendido entre la ciudadanía interesada en la política se habla del “modelo económico” de un modo más general, pero como una suerte de significante vacío para explicar desde casi todos los males del país hasta los avances en el bienestar que –sin duda– hemos tenido en las últimas tres décadas.
En general, los sistemas económicos tienen, por un lado, los mercados (consumidores y empresas) y, por otro, el Estado.
Este último recauda impuestos y otro tipo de ingresos, brinda los servicios públicos, subsidia otros tantos bienes y servicios y ordena el funcionamiento de los mercados para que se comporten como si fuesen de competencia perfecta. Esta intervención en la economía debe hacerse respetando los equilibrios macroeconómicos, de modo de no provocar ciclos económicos por insolvencia fiscal, ni inflación alta e inestable, que afecte a los agentes económicos y sus decisiones.
La intervención del Estado en la economía cumple también un rol central en las democracias modernas, busca igualar las oportunidades de los ciudadanos y aliviar la vida de los más pobres de la sociedad. La idea que subyace a la primera es lograr que los ciudadanos puedan desarrollar libremente sus potencialidades, sin que las circunstancias particulares de su nacimiento sean barreras infranqueables.
En los últimos 200 años, el sistema económico peruano no ha sido capaz de alcanzar el desarrollo económico, a diferencia de otras economías y sociedades. En el siglo XIX y hasta la denominada república aristocrática las grandes mayorías no tenían expresión democrática. Luego, entrando al último tercio del siglo XX tuvimos una dictadura militar que –siendo un fracaso en lo económico– dio un espacio público a esa mayoría que había estado postergada por decenios. La democracia de los 80 fue otro fiasco mayúsculo en lo económico. Las mayorías electorales que pusieron en el poder a Belaunde y García sufrieron sendas decepciones. Hoy es conocida como la década perdida. Esa crisis económica fue –de lejos– la peor desde la guerra con Chile y trajo consecuencias políticas. En las elecciones de 1990, un candidato anti establishment llegaba al poder.
El sistema económico (mercados y Estado) fue reformado. El sistema económico caduco de los 70 y 80 no daba más. Desde entonces, la economía de mercado mostró mejores resultados. El PBI per cápita tuvo un elevado dinamismo, en parte porque se partía de abajo; fue más rápido que sus pares latinoamericanos de mayor tamaño.
Sin embargo, la representación política de las preferencias de las mayorías electorales nunca estuvo a la altura de las demandas. Las mayorías pusieron en el poder a Toledo, García (nuevamente), Humala y PPK. Todos traían –de uno u otro modo– esperanza de cambios en el statu quo anterior. Las promesas fueron defraudadas una y otra vez. Una muestra de ello es que los tres primeros expresidentes fracasaron estrepitosamente en sus intentos de buscar una reelección.
En estos 30 años, el Estado Peruano también ha tenido avances en todos los frentes económicos que le corresponden en los sistemas modernos, pero no fueron suficientes. La economía crecía, los mercados se expandían, pero la cobertura y calidad de los servicios públicos y la protección social no avanzaban con la misma velocidad. Hasta que llegó Lava Jato, la pandemia y la recesión. Y por si fuera poco, la peor crisis política desde inicios del siglo.
En el Perú fracasó la política y ello llevó al fracaso del Estado. Los elegidos por el pueblo tuvieron el poder en sus manos y no pudieron hacer más para reflejar el mandato de sus votantes. ¿Quién es el culpable de los malos servicios públicos, la falta de infraestructura, de permitir “abusos” de algunas empresas? El Estado Peruano, esculpido por los políticos que tuvieron el poder de cambiarlo.
Con estabilidad macroeconómica y funcionamiento de los mercados las economías solo crecen, a diferentes velocidades. El Estado pone el marco para este adecuado funcionamiento, modera algunas fallas y busca igualar las oportunidades de los ciudadanos. Así lo hacen las únicas 33 economías desarrolladas del planeta. A esos países no les ha fallado el “modelo”. En el caso peruano, no ha sido el mercado, ha sido el Estado, a causa del fracaso de la política.
En cada elección los ciudadanos demandan cambios en el estado de las cosas y tienen esperanzas. Los votantes tienen en promedio cuarto año de secundaria y un ingreso laboral mensual promedio –antes de la pandemia– de 1.482 soles. No es sencillo el camino al desarrollo. Toma tiempo y es tortuoso.
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