Desafíos en medio de la incertidumbre, por Oswaldo Molina

En medio aún de este convulso proceso electoral –¿la política peruana podrá darnos tregua alguna vez?– no podemos perder de vista los enormes desafíos en el plano económico y social que enfrentará el próximo gobierno. Y eso porque el 28 de julio está realmente a la vuelta de la esquina. Será necesario, en primer lugar, tender puentes e incorporar al menos parte de las demandas de aquel 50% de la población que no votó por la opción ganadora. Eso debería implicar, por un lado, no retroceder en lo que hemos logrado avanzar durante las últimas décadas (por ejemplo, preservar la estabilidad macroeconómica), pero, por otro, hacer mayores esfuerzos por incluir efectivamente a los menos afortunados de la población, en especial a aquellos que sienten estar rezagados y no beneficiarse del crecimiento en las regiones –los resultados electorales han sido claros al respecto–. Repasemos entonces cuatro desafíos para el próximo gobierno.

Primero, y como se ha dicho hasta la saciedad, no se puede avanzar en ningún aspecto si no se logra contener la pandemia y superar la crisis sanitaria. A la fecha, alrededor del 10% de la población se ha vacunado con al menos una dosis; por lo que, a pesar del importante aumento en la velocidad del proceso de vacunación de las últimas semanas, no podemos creer que este problema ya se ha superado. La reciente actualización de la cifra de fallecidos a causa de la pandemia (tristemente situada en estos momentos en más de 180 mil peruanos) nos muestra crudamente la magnitud del impacto del COVID-19 en nuestro país. Los diversos actores no podemos olvidar que el Perú es hoy un país en duelo, lleno de sufrimiento y dolor.

Segundo, se requiere promover la reactivación económica y generación de empleo casi de inmediato. Son muchos los peruanos que han perdido su trabajo debido a la crisis. Sin embargo, es difícil poder reactivar la economía, que se contrajo 11% el año pasado, sin impulsar la inversión. Programas estatales de empleo temporal e inversión pública en infraestructura pueden ser elementos clave y liderar este esfuerzo. No obstante, es importante recordar que, de cada 10 soles invertidos en el Perú, 8 provienen del sector privado. Sin generar confianza al sector privado para que inviertan (y no solo me refiero a la gran empresa, sino también a la mediana y la más pequeña), es poco lo que se va a poder hacer en este campo. Y, por tanto, poco lo que se hará para que los peruanos recuperen su empleo.

Tercero, el profundo golpe que ha supuesto la pandemia para el Perú ha implicado, además, que tristemente más de tres millones de compatriotas pasen a ser pobres, lo que representa un retroceso de casi 10 años en la lucha contra este problema. Por tanto, la lucha contra la pobreza debe ocupar un lugar privilegiado en los siguientes años. Un par de puntos a tomar en cuenta: la pobreza urbana es la que más ha crecido (un aumento de 14,6% a 26%) y muchos de los que salieron de la pobreza en los años previos, seguían siendo muy vulnerables (según el INEI, la población vulnerable no pobre era alrededor del 34%). La estrategia para combatir la pobreza debe tener tres niveles: (a) como sugiere Carolina Trivelli, debemos desarrollar en el corto plazo programas de emergencia con atención focalizada, para reducir el impacto de la crisis en los más afectados. Esto, además, debe ayudar a amortiguar el golpe de futuras crisis; (b) reforzar aquellos programas sociales basados en evidencia que han mostrado ser eficaces en el pasado, con un especial énfasis en las áreas urbanas, que han estado más desatendidas; (c) construir en el mediano plazo un sistema de protección social que permita efectivamente resguardar a los hogares, de modo que, a diferencia de lo que hemos visto hoy, no sean tan vulnerables en el futuro y transiten a mayores niveles de bienestar.

Cuarto, el Estado debe ser el encargado de traducir el crecimiento en mayor bienestar, mediante la provisión de servicios públicos de calidad. Esta es una enorme deuda pendiente. A pesar de que los recursos se generaron y los presupuestos públicos aumentaron, el bienestar de los más pobres no aumentó en la misma proporción. Así, por ejemplo, entre el 2009 y 2021, el presupuesto asignado al sector educación se incrementó en casi 3 veces y el del sector salud más de 3 veces; pero 4 de cada 5 escuelas y 8 de cada 10 establecimientos de salud siguen teniendo una infraestructura inadecuada. En ese sentido, la ineficiencia del Estado es como una cañería que se encuentra obstruida y que no permite que los recursos generados por el crecimiento fluyan hacia los ciudadanos más desprotegidos. No se podrá, por tanto, mejorar la vida de los más pobres, si no se efectúa una reforma del Estado que incremente sustancialmente su eficiencia.