(Ilustración: Victor Aguilar Rua)
(Ilustración: Victor Aguilar Rua)
Javier Díaz-Albertini

Sociólogo y profesor de la Universidad de Lima

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Hace 14 años, en la presentación del libro de Jaime de Althaus, “La revolución capitalista en el Perú”, nos advirtió sobre el modelo económico iniciado en 1990. Dijo que no le quedaba duda alguna que –de seguir con un crecimiento incapaz de llegar más y mejor a las mayorías– (en ese tiempo, el cuco de la izquierda) sería un “conservador moderado” frente a un futuro candidato extremista.

Es una verdad de Perogrullo constatar que nuestro Estado –entendido como aparato, no individualidades– es ineficaz, ineficiente y corrupto. La pandemia ha evidenciado cómo nuestros sistemas públicos de salud, educación, servicios sociales y de seguridad ciudadana no han sido capaces de gestionar las medidas promovidas por el mismo gobierno. Pensar que estas dificultades han surgido meramente por la mala administración de los recientes presidentes es querer ser ciegos ante una realidad más evidente que los disfuerzos de Chibolín.

El fue muy claro en este sentido, cuando hace tres semanas señaló que “la pandemia ha demostrado que como Estado hemos fallado. El crecimiento económico no se ha aprovechado para invertir en el sistema de salud, que está muy débil y fragmentado”. Y no es solo un problema en el área de salud. Según CEPAL, en el 2018, el gasto social por habitante en nuestro país fue de 704 dólares (11,1% del PBI), mientras que en Chile fue de 2.538 dólares (16,4% del PBI), es decir, 3,6 veces más, a pesar de que su PBI por habitante es solo 2,3 veces mayor al nuestro.

El ajuste estructural neoliberal condujo a la disminución del papel del Estado, pero no estuvo acompañado de los que algunos expertos llaman las reformas de “segunda generación”. Justo son las que promueven la institucionalidad, buscando la necesaria eficiencia y estabilidad para impulsar el desarrollo. Por eso llama la atención que ninguno de los planes de gobierno de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta presten la debida atención a la impostergable tarea de reformar y fortalecer al Estado.

En su plan de gobierno, Fuerza Popular utiliza 77 veces la palabra Estado, mientras que el programa de Perú Libre lo menciona 202 veces. Para los fujimoristas, se busca que el gobierno sea “inteligente, eficiente, eficaz y cuyo centro sean los ciudadanos”. En el eje 9 del plan, en dos páginas, más que llamar a una profunda transformación del Estado, nos ofrece un listado de buenas intenciones. La solución es “modernizarlo”, que en buena medida se traduce en manejarlo –en lo posible– como una empresa privada. ¿Cuándo aprenderán que la gestión privada se organiza alrededor del afán de lucro y esa no es la finalidad de la gestión pública?

Mientras que el partido de Cerrón resume su visión en un “Estado interventor, planificador, innovador, empresario y protector”. No encontramos en el plan ninguna propuesta detallada de cómo se logrará tamaña tarea. Más aún cuando el plan fue escrito por un exgobernador en cuya gestión hubo grandes ineficiencias en la ejecución de presupuestos, falta de culminación de obras, contrataciones poco idóneas y corrupción. Como bien señaló Hernán Chaparro en una columna del diario “La República”, “Un Estado idealizado… obviando que hoy es una gran fuente de ineficiencia y corrupción…”

La principal fuente de ingresos estatales son los impuestos. Quizá no hay mayor vacío en las propuestas que en este campo. Ninguno de los planes nos dice con claridad cómo aumentará la presión tributaria del 14% del PBI de los últimos años, a más del 20% recomendado por los organismos internacionales. La evasión de impuesto solo es mencionada una vez por Perú Libre y ninguna por Fuerza Popular. Sin embargo, nuestro país es uno de los que tiene mayores índices de evasión en América Latina. CEPAL (2020) calcula que llega a ser 36,3% en IGV, 32,6% en rentas personales y 51,6% en las societarias. ¡Todo suma el equivalente al 8,8% del PBI!

Estamos en un momento crítico para nuestra nación. Por ello, resulta irresponsable que se prometan transformaciones si al mismo tiempo no se crean las condiciones institucionales para que se cumplan.