¿Y si no eludimos el problema de fondo?, por Janice Seinfeld

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha anunciado que tiene lista la versión final del Decreto Legislativo 1422 sobre elusión tributaria y que tocará al Congreso de la República debatirlo. En este espacio estamos a favor de toda norma que permita reforzar las buenas prácticas internacionales de tributación y atacar aquellas acciones que, aunque legales, impiden una adecuada recaudación y, con ello, contar con mejores servicios públicos.

Los gremios empresariales, sin embargo, estaban preocupados porque se hubiera pretendido aplicarla retroactivamente desde el 2012 y que se haya propuesto que los directores puedan ser declarados responsables solidarios cuando, por dolo o negligencia, una empresa deja de pagar tributos –estos temas de gestión no necesariamente se abordan en los directorios–. Estos dos puntos fueron derogados por el Congreso de la República en diciembre último, pero sin duda serán materia de debate en el Parlamento. Los gremios piden claridad en las reglas de juego, a lo que además agregaría que estas reglas deben ser sostenibles.

Es decir, si bien ciertamente es una medida positiva, se debe poner especial atención en minimizar sus riesgos. Y el peligro fundamental es que pueda abrir la puerta a la discrecionalidad del funcionario público de turno, porque entonces el remedio sería peor que la enfermedad. Lo que debe hacer la normativa es atacar temas específicos y que estén expresamente señalados en ella: debe precisar con claridad cuáles serán esos procedimientos que permitirán a la Sunat determinar los casos donde hay voluntad inequívoca de defraudar al Estado Peruano.

Paralelamente, urge ampliar la base tributaria. Es insostenible continuar con casi las tres cuartas partes del país desenvolviéndose en la informalidad –el 72%, según ha señalado el primer ministro, Salvador del Solar–. Y para ello el Estado debe empezar a demostrarle a sus ciudadanos el valor que le da a lo que ellos aportan. Sabemos que debemos pagar impuestos porque es lo correcto, pero carecemos de incentivos para hacerlo porque vemos muy pocos retornos positivos. Si recibiéramos servicios de calidad en temas como salud, educación, seguridad, infraestructura de transportes y espacios de recreación como áreas verdes, otro sería nuestro acercamiento al pago de impuestos.

Veamos, por ejemplo, a Finlandia y Noruega, dos de los países con mayor presión fiscal del mundo. ¿Por qué sus ciudadanos sí pagan impuestos, con tasas proporcionalmente mucho más altas que las de nuestras tierras? Porque sus Estados llevan décadas desarrollando políticas eficientes en la prestación de servicios públicos. Sus instituciones se han ganado el respeto y la credibilidad de los contribuyentes, quienes saben que sus desembolsos valen la pena, pues impactan directamente en su bienestar. En Noruega es tal la transparencia fiscal que desde principios del siglo XIX está permitido conocer cuántos impuestos pagan sus conciudadanos, sea su vecino o un alto funcionario público. Ahora, en la era digital, la búsqueda de información se ha vuelto lógicamente mucho más sencilla, pero el requisito es revelar quién está revisando a quién.

Formalizar nuestra economía implica, entre muchas otras medidas de carácter transversal y multidisciplinario, contar con un Estado eficiente donde la meritocracia sea la norma; donde el funcionario esté debidamente calificado y la carrera pública cuente con el prestigio que se merece. Como contribuyentes necesitamos saber que nuestros impuestos están siendo bien gestionados y sentir que su valor impacta positivamente en nuestras vidas. Es la condición indispensable para poder avanzar en esta tarea de largo aliento.

El año pasado, en su informe anual sobre tendencias tributarias en las 35 economías más desarrolladas, la OCDE señaló que estas han utilizado recientes reformas tributarias “para reducir los impuestos a las empresas y los individuos con el objetivo de impulsar la inversión, el consumo y la participación en el mercado laboral”. Si bien es necesario continuar con los esfuerzos por evitar la evasión y elusión tributaria, urge concentrarnos en que paguen sus impuestos aquellos que no lo hacen. De lo contrario, qué lejos estamos de estos referentes y, sobre todo, de poder garantizar una buena salud tributaria del país en el largo plazo.