La emergencia de los serenazgos, por Gino Costa

Las debilidades de las comisarías no son nuevas, se vienen arrastrando hace años. La única manera de entenderlas es reconociendo que son el resultado de un largo proceso de abandono por parte de sucesivos gobiernos. Su impacto quizá mayor se ha expresado en la vigilancia y el patrullaje, que junto a la investigación criminal constituyen las dos funciones básicas de la policía. 

Hoy en la práctica las comisarías ya casi no cumplen ninguna de estas dos funciones y se limitan a atender al público y a registrar denuncias, y en las zonas pobres a organizar algo la prevención comunitaria de la violencia y el delito. Y esto a pesar de que cuentan con una tercera parte del personal policial a escala nacional. En realidad, lo que ocurre es que los agentes de las comisarías constituyen la oferta principal de mano de obra para los servicios a particulares. Esa es su función principal.

El vacío dejado ha sido suplido por las municipalidades a través de los serenazgos, que son los que brindan el servicio de vigilancia y patrullaje en el ámbito distrital, tradicionalmente responsabilidad policial. Los serenazgos tienen un poco más de 20 años de existencia, pero su expansión ha sido significativa.

Mientras que en el 2003 solo el 7% de las municipalidades contaban con serenazgos, en el 2012 la cifra llegó al 39%. Si bien la institución primero se expande y consolida en Lima y Callao, su presencia nacional es, hoy, indiscutible. Este crecimiento ha ido acompañado por el del número de serenos, que pasó de 5.164 a 22.686. 

Encuestas realizadas por Ciudad Nuestra en el 2012 demostraron que los niveles de victimización y temor en Lima varían considerablemente. Los distritos más seguros tienen los mejores serenazgos y los menos seguros carecen de serenazgos de calidad. Los buenos son los que pueden contratar policías para tener la autoridad. Los serenazgos pobres carecen de respaldo policial.

Como este servicio se financia a través del esfuerzo de los vecinos, que pagan un arbitrio, su desempeño dependerá de los ingresos de ellos. Así, por ejemplo, las municipalidades de los siete distritos más seguros de Lima gastan anualmente S/.151 por habitante en su serenazgo, mientras que los siete menos seguros, que son los más poblados y extensos, solo S/.14 por habitante, es decir, la onceava parte.

¿No le corresponde, acaso, al Gobierno Nacional contribuir a reducir estas disparidades? Hacerlo sería la mejor manera de ofrecer a millones de ciudadanos un buen servicio de vigilancia y patrullaje, uno de los componentes fundamentales de la política de seguridad. El primer paso podría ser destacar gratuitamente policías a los serenazgos que hoy no cuentan con los recursos para contratarlos. Para asumir ese costo, y otros destinados a fortalecer los serenazgos, se podría comenzar por utilizar parte de los S/.248 millones que el Ministerio del Interior no ejecutó en el 2013.