No entiende o se hace el que no entiende, por Federico Salazar

El presidente Ollanta Humala dice que él tiene derecho a hablar sobre los gobiernos anteriores. “Tenemos todo el derecho de criticar lo bueno o lo malo que han hecho regímenes anteriores”, ha asegurado.

El presidente no entiende o quiere hacernos creer que no entiende. Por supuesto que tiene derecho de opinar. No se disputa su derecho, se cuestiona el ejercicio de su función.

El gobierno debe ser neutral en el proceso electoral. Debe serlo y parecerlo.
Si se tratara solo del derecho a opinar, ¿por qué no opina en público sobre la dictadura en Venezuela o el precandidato republicano Donald Trump? ¿No es libre de opinar?
El presidente no entiende o quiere hacernos creer que no entiende que una cosa es la libertad de opinión y otra, muy distinta, la función de gobernar. Para gobernar se requiere ecuanimidad y neutralidad. 

En aras de estas virtudes, quien tiene el mandato de toda una nación debe reprimir muchas de sus opiniones o convicciones. Como el ex mandatario uruguayo Manuel Mujica, cuando un error electrónico permitió conocer sus opiniones sobre los esposos Kirchner, ex presidentes de Argentina.

Mujica tenía derecho a pensar que “esta vieja es peor que el tuerto”, refiriéndose a Cristina Fernández y su esposo, Néstor Kirchner. No tuvo la intención de publicar sus opiniones y, luego de que sucedió, pidió disculpas y dio satisfacciones.

¿No era libre de opinar? Sí, pero representaba a toda una nación. Por eso pidió disculpas y recuperó las formas de la civilidad.

Las formas de la civilidad no deben ser tema excesivamente sofisticado para un ex militar. El ex comandante Ollanta Humala es ahora presidente de la República. Actualmente está obligado a cumplir una función.

El jefe de Estado, contra la Constitución, participa en el actual proceso electoral. Se lo impiden la ley y el decoro, pero él pasa por encima de esas banales restricciones. Hace lo que quiere, según lo que entiende.

Ha criticado duramente a Alberto Fujimori, para que su hija, la candidata Keiko Fujimori, salga a defender a su padre. Dicha defensa la haría perder preferencias electorales.
“No estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad”, dice el presidente Humala. Esta es su coartada para poder participar en el debate electoral y darle una ayuda al candidato de su partido.

El impedimento legal y ético que tiene para expresar sus opiniones no tiene que ver con la verdad o la falsedad. Tiene que ver con su competencia constitucional.

El presidente Humala no parece darse cuenta de lo que implica su participación en la campaña electoral. No solo incumple el orden legal, sino que rebaja el nivel de la investidura presidencial. 

El mandatario sienta un mal precedente y da un mensaje tóxico. “Infrinja usted la ley, consígase una buena coartada, y haga lo que le da la gana”. “El presidente lo hace”. Este es el mensaje que recibimos del jefe de Estado.

Quizá el oficialismo busque patear el tablero. Quizá le interese que se cuestione el proceso electoral. Tal vez sus líderes no encuentran otro camino para el final de su mandato.

Puede suceder que el mandatario carezca del entendimiento sobre las exigencias de su cargo. Otra posibilidad es que las entienda, pero que no le importe.

En cualquiera de los escenarios, su estrategia no debe prosperar. Las autoridades electorales deben hacerle saber que el Estado de derecho se basa en la división y contrapeso de los poderes. El Ejecutivo tiene límites y se deben hacer respetar.

No tenemos por qué sufrir los excesos de quien no entiende, o se hace el que no entiende, el orden constitucional.