Entre la inexistencia y la apariencia de Estado

Entre el kilómetro 98 y el 115 de la Interoceánica se encuentra La Pampa. Un infierno en plena zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, donde ya no hay más selva. Territorio sin ley y sin Estado, donde la vegetación que caracteriza a la amazonía ha sido reemplazada por terrales fangosos con mercurio, árboles muertos y campamentos de plástico azul donde la trata de personas, la explotación sexual y el crimen son la norma. Se calcula que existen 46.000 mineros artesanales solo en Madre de Dios; de estos, 10.000 son ilegales. La policía y los militares saben dónde están, de hecho, cobran cupos para permitir el ingreso de insumos prohibidos por ley y la salida del oro ilegal que cruza por Desaguadero hacia Bolivia, desde donde se importa a Europa como si fuese boliviano.

¿Cómo se entiende esta situación? Porque estamos en un país con un estado fallido; es decir, tenemos un Estado incapaz de proveer condiciones mínimas para que sus ciudadanos puedan desarrollarse, progresar y vivir dignamente y en paz.

No se trata solo de lo que ocurre en la amazonía peruana o en una alejada región. En la periferia de la ciudad de Lima viven millones de peruanos, muchos de ellos invadieron terrenos y poco a poco fueron construyendo sus casas. Años después lograron obtener un título de propiedad y, en algunos casos, servicios básicos. Sin embargo, aun hoy una de cada cuatro personas que viven en la región Lima no tiene acceso a saneamiento y utiliza una letrina o pozo ciego, y alrededor de un millón de limeños no tiene acceso a agua por red pública y, por ello, consume el agua más cara de toda la ciudad. Quienes no tienen acceso a agua por red pública pagan hasta diez veces más que quienes viven en una zona residencial. La falta de acceso a agua potable y saneamiento es uno de los principales factores que contribuyen al retraso del crecimiento de los niños y a la alta incidencia de desnutrición y anemia.

¿Qué significa esto? Que el Estado Peruano es incapaz de proveer condiciones mínimas de vida a su población.

Un estudio de Grade encontró que más de la mitad de las ciudades en el Perú han experimentado una expansión urbana del 50% de su área en los últimos 20 años y cerca del 90% de esta expansión ha sido informal. Los ciudadanos adquieren lotes sin habilitación, sin título y en muchos casos en zonas de riesgo. Basta con recordar a Evangelina Chamorro arrastrada por un huaico durante El Niño costero en marzo del 2017 o a los más de 5.000 habitantes del Bajo Piura cuyas casas fueron destruidas en ese mismo El Niño costero y vivieron más de cuatro años en carpas en un arenal. ¿Alguien se ha preguntado qué habrá sido de ellos? ¿Qué habrá sido de esas familias?

¿Cómo se explica que ocurran estas situaciones? Porque en el Perú el Estado fallido genera informalidad al no proveer a los ciudadanos opciones viables de acceso a vivienda de calidad y luego no atiende las consecuencias.

¿Esta falta de Estado afecta solo a los que menos tienen? No. Afecta a todos los peruanos. También a quienes viven en aquellos distritos de mayor poder adquisitivo. La diferencia es que, en estos distritos, existe una apariencia de Estado. Sus habitantes tienen la sensación de tener Estado cuando, en realidad, suplen a ese Estado inexistente o fallido, comprando educación a través de colegios privados, salud con clínicas privadas y seguridad a través de vigilantes privados, guardaespaldas y serenazgos municipales y cerrando las calles y comprando justicia. En estos distritos existe la impresión de que existe orden y ley, pero, en realidad, allí tampoco hay Estado. Y tanto no hay Estado que no confiamos en sus autoridades. Déjeme ponerle ejemplos muy sencillos que grafican esta inexistencia de Estado. ¿Se siente seguro si lo para un patrullero en la noche? ¿Alguna vez ha denunciado el robo de su celular o cartera? ¿Por qué lo haría? Si sabemos que el Estado no va a responder.