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Cada quien es dueño de sus creencias y libre de abogar por ellas. Tomemos por un segundo el caso de los terraplanistas, quienes aseguran que la Tierra es plana porque no hay una curvatura visible en el horizonte, ¡ni siquiera desde las alturas! Y que, si efectivamente nuestro planeta fuese redondo, la nivelación que vemos del mar sería imposible –entendió bien: que el agua de los océanos se caería al espacio–. El problema viene cuando la defensa de las ideas se ejecuta desde cargos públicos y tomando acciones que afectan el bienestar del resto.
Eso es justamente lo que venimos viendo desde este Congreso. Entre las muchas lecciones –personales y colectivas– que nos viene dejando esta pandemia hay tres que considero fundamentales: la importancia de un sistema sanitario público de calidad con acceso universal, la necesidad de resguardar la solidez macroeconómica alcanzada en los últimos 30 años, y la urgencia de priorizar la investigación y la tecnología –es decir, la educación–. El Legislativo anda presentando proyectos de ley que atentan directamente contra cada uno de estos aspectos.
La madrugada del 5 de junio, aprobó una ley que ordena el ascenso automático de los trabajadores del sector salud, nombramientos, cambios de grupo ocupacional y de línea de carrera para profesionales, técnicos, auxiliares asistenciales y personal administrativo. Esto, pese a que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. La medida se aplicaría a todo el personal de los diversos subsectores del sector salud y perjudicaría, sobre todo, a las redes de salud más alejadas de los centros urbanos, en especial a las del primer nivel de atención. Es decir, precisamente lo que se necesita reforzar.
Para dimensionar el impacto económico de esta propuesta, la presidenta ejecutiva de Essalud, Fiorella Molinelli, sostuvo que les implicaría asumir un sobrecosto laboral de más de S/1.100 millones. Esto cuando, producto de la emergencia sanitaria, dicha institución cerrará el año con un déficit de más de S/2.500 millones.
Vayamos al terreno macroeconómico. El Banco Mundial proyecta una contracción del PBI peruano de 12%, cuatro veces más que la caída promedio de todos los países del mundo (-3%). En ese contexto, nuestro Parlamento ha presentado proyectos de ley que buscan exonerar el pago de intereses compensatorios y moratorios de los servicios bancarios, y congelar el pago de deudas para las personas naturales por 120 días. El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, alertó de que estas medidas podrían llevar a que la caída del PBI peruano sea de 40%. Esto porque, al verse afectado el sistema financiero, el Estado tendrá que intervenir para salvar a los ahorristas, dejando de usar dicho dinero como impulso fiscal para la recuperación. “Están jugando con fuego”, advirtió.
Finalmente, la Comisión de Educación del Congreso le ha declarado la guerra a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), que lleva años liderando la reforma de la educación superior. Habiendo varios parlamentarios con vínculos explícitos con universidades, no sorprenderá que hayan planteado crear un ente que esté por encima de la Sunedu, y que aquellas universidades privadas con licencia denegada puedan acogerse a un rescate estatal. Tras las críticas recibidas, ambas iniciativas fueron retiradas. Pero volvieron al ataque: conformaron una comisión investigadora contra la Sunedu para analizar supuestas irregularidades en el proceso de licenciamiento, y han puesto la mira en su exsuperintendente y hoy ministro de Educación, Martín Benavides, a quien buscarán interpelar. Este respondió que será la quinta comisión investigadora que afrontará la Sunedu. “Pero háganlo. Aunque nos gustaría que nos acompañen más en la supervisión de los directivos de universidades denegadas”, dijo.
Tenemos a un Congreso que se empecina en empeorar lo que ya de por sí viene complicado. Una de dos: o nuestros parlamentarios están convencidos de que la Tierra es plana, o les conviene pensarlo porque los beneficia en términos personales –qué más elocuente que sigan sin presentar sus declaraciones juradas de intereses–. Ambos escenarios son nefastos para el país. Y en este jugar con fuego nos quemamos todos.
