Espionaje criollo, por Martha Meier Miró Quesada

En nombre de la transparencia algunos pretenden borrar el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones consagrado en el artículo 10 de nuestra Constitución: “Toda persona tiene derecho: al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos” y a que  estos “solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley”, pero la realidad es otra.
Hoy cualquiera manipula la seguridad de las computadoras –la suya, la mía, la de algún ministro o la del presidente de la República–, hurga nuestros documentos y correos electrónicos, roba lo que le parece interesante, lo publica y queda impune. El material robado no tiene valor legal, pero es insumo de alucinados “destapes” y causa gran daño moral. La prensa debe velar y proteger los derechos y las libertades, pero algunos caen en la tentación de publicar esas medias verdades o aparentes verdades.
Los llamados ‘Cornejoleaks’, por ejemplo, no destaparon nada relevante, salvo que vivimos bajo la sombra neomontesinista, un espionaje criollo fomentado por quienes criticaron las prácticas de interceptación perpetradas por el ex asesor del presidente Alberto Fujimori, es decir el reo Vladimiro Montesinos. El ‘chuponeo’, el hackeo y demás son ya prácticas usuales. Con los fragmentos de información robada se arman –a veces por encargo– supuestas historias de corrupción. Este terrorismo blanco debe desterrarse pues genera inestabilidad y desconfianza. Una cosa es la necesaria transparencia de la gestión pública y de las grandes empresas privadas, y otra muy distinta la ‘calatitud’ a la que pretende someternos el neomontesinismo caviar,  cuyo único fin es sepultar honras y sembrar descontento.
Ayer la abogada y periodista Rosa María Palacios escribió en el diario “Exitosa” algo ciertísimo: “Mientras que algunos perseguidores de actos de corrupción están ocupadísimos en horrorizarse porque una abogada tutea a un ministro y no se dirige a él con la solemnidad que su majestad amerita al reclamar los derechos de sus clientes, el fiscal de la Nación, con todas las formalidades y sellos del caso, decide que el congresista Julio Gagó, acusado de hacer negocios con el Estado – cuando está prohibido por la Constitución de hacerlo– es inocente de todo cargo”.
Mientras correos sacados de contexto llevan a condenar a priori a los protagonistas, algunos políticos con sobradas pruebas y testimonios en su contra salen libres de polvo y paja. El mundo al revés. Los e-mails hackeados que hemos visto en la prensa son una parte de la película, la otra es que cientos de abogados y empresarios se ven obligados a buscar canales directos con representantes del Ejecutivo por la incompetencia, la tramitología, la burocracia, la corruptela y las demoras de las entidades públicas que traban las inversiones. 
No se trata  de quitar los candados para que las inversiones fluyan, sean sostenibles y amigables con el ambiente, todo lo contrario. Más bien se requieren instituciones fuertes, ágiles, modernas y con personal honesto, calificado y eficiente para evitar que los inversionistas tengan que recurrir a otras instancias para encontrar  soluciones. Mientras esto no se logre, el trío de congresistas variopintos que han montado este show seguirán lucrando como “mesa de parte” de empresas e impulsores de leyes aberrantes. ¿Quiénes son? ¡Adelante, sabuesos!