En el Perú, los males complejos se combaten con un histrionismo tribunero exasperante. Cuando enfrentamos una pandemia letal siguiendo protocolos gubernamentales que implicaban rociar lejía en los zapatos y alcohol en la ropa, nos debería haber quedado claro que el histrionismo puede ser bueno como efecto placebo, pero nunca acaba con los males complejos. Por eso, las declaraciones de estado de emergencia y los nuevos tipos penales de “terrorismo urbano” son solo los nuevos protocolos histriónicos inservibles que el ‘establishment’ político ha escogido para enfrentar una pandemia tan devastadora como el crimen organizado y las economías ilegales. Esta pandemia avanza sobre todas las democracias latinoamericanas, sin hacer distinción ideológica.
Las economías ilegales y el crimen organizado mueven muchísimo dinero en el mundo. Se calcula que cerca del 10% del producto bruto del mundo se encuentra en paraísos fiscales en cuentas ‘off shores’ anónimas. Dinero que no pertenece a nadie oficialmente, pero que alimenta sofisticadas redes de corrupción y crimen organizado. Applebaum, en su último libro, “Autocracy INC.”, ha demostrado cómo el crimen organizado ha encontrado en muchos regímenes autocráticos paraísos donde florecer, pero que también ha conseguido extender su influjo mediante redes de cooperación internacional en países democráticos para escapar del control de fiscales y unidades de investigación.
Los nuevos cleptócratas no necesitan concentrar el poder, prefieren que incluso esté disperso al punto de que nadie tiene el control de nada, como en nuestro país. Aquí, el ‘establishment’ político ha usado como excusa los errores del fiscal José Domingo Pérez en los procesos que tiene a su cargo para desmontar algunas normas que se aplicaban al crimen organizado con el fin de blindarse de futuras investigaciones. Ha sido el chivo expiatorio para que los congresistas se aseguren la impunidad.
En medio de toda la desolación que ha traído la avanzada del crimen organizado y la indolencia de los políticos, hay un resquicio de esperanza. La sociedad civil organizada ya se cansó del terraplanismo legislativo. Tanto los gremios empresariales como sindicales han decidido que ya fue suficiente. Los gremios empresariales han abandonado la escena contemplativa desde hace algunos meses y han decidido desenmascarar a nuestros congresistas. Los transportistas, quizá los únicos que tienen el poder de paralizar el país, consiguieron que el Congreso los reciba, pero ni las lágrimas de sus representantes han bastado para que los legisladores retrocedan.
Es decir, en los últimos meses los trabajadores y los gremios han acusado al ‘establishment’ político de blindar al crimen organizado, confluyendo en una causa común, por primera vez en muchos años. El crimen organizado representa una grave amenaza para el progreso, pero también una nueva oportunidad para que la ciudadanía se una en una causa común que desborda cualquier espectro ideológico. Nuevamente, como otras veces, “no nos unirá el amor, sino el espanto”.