Es octubre del 2018 y seis dinosaurios de esqueleto de metal y entrañas electrónicas han llegado a Mollendo, en la provincia de Islay, Arequipa, para formar parte del parque temático “Los dinosaurios”, en el que la gestión del alcalde Richard Hitler Ale Cruz ha invertido S/3 millones. “Es una necesidad del pueblo”, argumenta el burgomaestre ante los micrófonos de RPP, “Arequipa lo tiene, Lima lo tiene, ¿por qué nosotros no?”.
Entretanto, como cuenta una nota periodística de la época, la Asociación Los Olivos del Puerto, a minutos a pie del parque, reclama que apenas hay seis piletas de agua para abastecer a sus 300 miembros, que los desagües no funcionan y que las calles están sin asfaltar…
Desde que quedó consagrado en la Constitución de 1993, la izquierda ha asegurado que el modelo económico no ha servido para mejorar la calidad de vida de los peruanos. Ese argumento, sin embargo, queda fácilmente contradicho por la conocida reducción de la pobreza –que pasó de afectar al 58,7% de la población en el 2004 al 20,2% en el 2019– que trajo consigo el crecimiento económico –en promedio, de 4,9% entre 1993 y el 2018 (IPE)–. Pero es un sentimiento que parecería confirmarse por el descontento y el meridiano abandono que se registran en muchas de las regiones del país.
De hecho, los insistentes pedidos de la izquierda por cambiar la Carta Magna se sustentan, en gran parte, en esto último. La culpan a ella y a su capítulo económico (y a Lima, de paso) de las carencias que afligen a tantos en el país. Y este es el argumento recurrente para acusar el fracaso del “neoliberalismo” y la urgencia de implementar ideas socialistas. En sencillo: más Estado, menos mercado.
Pero el despilfarro paleontológico del alcalde Ale Cruz nos señala el problema principal. El mercado no ha fracasado, pero sí el Estado. El modelo hizo lo que se esperaba que haga, pero el sector público simplemente no lo ha aprovechado.
En los últimos 20 años, gracias al crecimiento económico y a los impuestos pagados por los ciudadanos y las empresas formales, el presupuesto público aumentó en más del 400%. Pero el dinero ha sido malgastado, en los mejores casos, robado en los peores y devuelto en muchos. Entre el 2019 y el 2022, por ejemplo, los gobiernos locales dejaron sin ejecutar S/40.000 millones; más o menos el 40% del presupuesto que se les asigna (IPE). En los tres niveles de gobierno, por otro lado, la cifra entre el 2017 y el 2021 ascendió a S/82.866 millones, como bien han detallado Oswaldo Molina y Giacomo Puccio en estas páginas.
A esto súmese que la Contraloría General de la República reportaba en setiembre del año pasado que había más de 2.346 obras paralizadas, valorizadas en miles de millones de soles, en todo el territorio nacional. Obras que podrían contribuir a cerrar brechas y a acercar a la ciudadanía varios de los servicios básicos que ofrece el Estado.
Como se nota, no hemos dejado de ser el proverbial mendigo sentado en el banco de oro. Aunque quizá más preciso sería decir que el mendigo es el Estado, cómodo en una pila de recursos que no son suyos mientras estira la mano por más, aunque manteniéndose incapaz de usarlos y, en muchos casos, harto interesado en quedárselos. No por nada, en fin, la contraloría ha asegurado que, solo en el 2021, el país perdió más de S/24.000 millones por corrupción e inconducta funcional.
Pero la ironía viene con el hecho de que son exactamente esas autoridades y políticos los que no han sabido, podido o querido servir a sus paisanos los que hoy pescan a río revuelto. Los que despotrican contra el modelo y, en algunos casos, han sido reelegidos para saciar las carencias que su propia mediocridad y ambición hacen persistentes.
No te dejes engañar, peruano. Te fallaron presidentes como Pedro Castillo, alcaldes como Ale Cruz. Te falló el Estado, no el modelo.