Justicia independiente y la politización de la justicia

Carlos Basombrío publicó un artículo hace unas semanas expresando “cierto orgullo por lo que la justicia ha avanzado en el Perú”, a propósito de la cantidad de expresidentes y políticos presos o procesados. Si bien es una vergüenza, por ejemplo, tener a tres expresidentes en la cárcel, el lado positivo de ello sería que “hay una creciente independencia de la administración de justicia con respecto al poder político”.

Tenemos que matizar esta conclusión, para tomar la lección de lo que no debe ser la justicia en una democracia. Es verdad que en el caso de Pedro Castillo el Ministerio Público y el equipo especial de la PNP actuaron con independencia y firmeza ante intentos diversos de desactivar las investigaciones que incluyeron desde recorte de presupuestos y personal hasta amenazas de muerte. La institucionalidad en general respondió con claridad ante una amenaza autoritaria que fue creciendo a lo largo de los meses.

Pero en el caso de Alberto Fujimori hubo un exceso. Debió ser procesado por las violaciones constitucionales que cometió al sojuzgar a la prensa y a los poderes del Estado para perpetuarse en el poder. En lugar de ello, se le procesó por violación de derechos humanos dándole una sentencia excesiva de 25 años sin pruebas de que hubiese ordenado o conocido la orden de matar, simplemente en virtud de una teoría, de un silogismo, como han señalado también Gonzalo Zegarra y César Azabache. Quizás pudo ser sentenciado, en ese caso, por encubrimiento –a una pena menor–, pero no por asesinato. Sentencia que, de otro lado, desconocía que la derrota de Sendero no se debió a la operación de escuadrones de la muerte, sino, por el contrario, a una estrategia conducida por el propio Fujimori basada en una alianza con los campesinos, a quienes dio armas y apoyo cívico, y en el fortalecimiento de la inteligencia policial para capturar a las cúpulas en lugar de ajusticiarlas. Hay, pues, una injusticia.

Tampoco se puede decir que el tribunal que juzgó a Fujimori fuera una prueba de la independencia de la justicia respecto del poder político, porque el poder político y, sobre todo, el poder mediático, ya no era, desde el 2001, fujimorista, sino más bien antifujimorista en general. Esa corriente impregnó tanto el sistema de justica que hubo durante el gobierno de Alejandro Toledo una verdadera persecución judicial contra varios exministros y funcionarios del régimen fujimorista, como lo puede contar Francisco Tudela, que tuvo que irse a Chile.

Lo mismo se puede decir de la suerte que corrieron Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Nadine Heredia y hasta Lourdes Flores. Pero esta vez debido a la criminalización de las donaciones de campaña, que no eran delito, forzando indebidamente la figura del lavado de activos, acusando a los partidos de ser organizaciones criminales y dictando detenciones preventivas claramente abusivas, como ha criticado Luis Pásara, insospechable de fujimorismo.

Consecuencia de ello, con la colaboración de los graves errores cometidos por Keiko Fujimori, fue el debilitamiento o la destrucción de parte importante de la clase política. La derecha popular se quedó casi sin representación y el partido nacionalista ya no existe. El daño a la democracia de esta justicia plebiscitaria ha sido, pues, muy grande.

Este populismo judicial jugaba en pared –de manera, si no coordinada, cuando menos coincidente– con el populismo político exacerbado por Martín Vizcarra que en ese mismo momento confrontaba al Congreso para construir una popularidad que alcanzó su cenit cuando finalmente lo disolvió, con la colaboración militante de varios medios y distinguidos supuestos defensores de la democracia.

La lucha contra la corrupción fue, a la postre, un arma populista, una gran causa común de todos esos actores, al amparo de la que se cometieron graves abusos políticos, fiscales y judiciales. No debemos olvidarlo.