El fantasma de Hugo Bustíos Saavedra, por Gino Costa

Hugo Bustíos, corresponsal de la revista “Caretas” en Ayacucho, fue emboscado y atacado a balazos el 24 de noviembre de 1988, cuando iba en motocicleta con su colega Eduardo Rojas a investigar un doble asesinato. Rojas pudo escapar; Bustíos quedó mal herido y sus asesinos le colocaron una carga explosiva para matarlo y despedazarlo. Tenía 38 años y dejó viuda y cuatro pequeños hijos. 

Como era usual, la justicia militar archivó el caso. En el 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación solicitó al Ministerio Público que investigara este y otros 46 casos de graves violaciones de los derechos humanos sobre los que había recabado evidencia suficiente para llevarlos ante la justicia.

Luego de hacer su propia investigación, la fiscalía denunció al teniente coronel EP Víctor La Vera, jefe de la base militar de Castropampa, con jurisdicción sobre Huanta, y al mayor EP Amador Vidal.

En el 2007, la justicia determinó que La Vera ordenó el crimen y que Vidal fue uno de los que participaron en su ejecución, y los condenó a 17 y 15 años de prisión, respectivamente. La Corte Suprema confirmó la sentencia.

Como no se pudo establecer la identidad de los que acompañaron a Vidal, la sentencia dispuso que el Ministerio Público continuara con las investigaciones. En el 2009, este obtuvo el testimonio de Vidal, quien por primera vez declaró que el hoy ministro del Interior, Daniel Urresti, dirigió la patrulla que mató a Bustíos.

Urresti era entonces capitán del Ejército y encargado de la sección de inteligencia de la base de Castropampa.

En junio del 2013, la fiscalía formuló denuncia contra él y un juez le abrió proceso penal, estableciendo que debe ir al juzgado una vez al mes y que no puede salir de su lugar de residencia ni abandonar el país sin su autorización. Ante el juez, Vidal se ratificó en su incriminación.

El expediente está ahora en la Sala Penal Nacional, en Lima, que espera saber si el fiscal superior Luis Landa ratificará o no la denuncia del fiscal de Ayacucho. Si lo hace, Urresti irá al banquillo de los acusados. 

En sentido contrario a lo afirmado por Urresti, se colige que está procesado, que no puede moverse con libertad ni salir del país sin autorización del juez y que su proceso penal es anterior al inicio de su gestión como alto comisionado hace menos de un año.

Los cargos son gravísimos y, aunque se presume su inocencia, no son compatibles con la función de ministro de Estado, menos en la cartera de Interior.

Para que el proceso que se le siga sea justo debe bajar al llano, porque de lo contrario podría usar su actual poder para inclinar la balanza a su favor con fiscales, jueces, víctimas o testigos. No vaya a ser que se equivoque y en lugar de “destrozar la cabeza a patadas a los delincuentes”, como ha dicho que hará, termine haciéndolo con uno de ellos.