Feudalismo partidario y dinero negro, por Alfredo Torres

El sistema político peruano es uno de los más frágiles del mundo. La población tiende a elegir ‘outsiders’ que a la siguiente elección castiga con una votación demoledora. Ningún partido alcanza una presencia relevante en las elecciones regionales y municipales y el único movimiento con apoyo popular –el fujimorismo– es más un sentimiento que una organización democrática. En este desbarajuste, la ciudadanía ha visto surgir y caer a incontables autoridades de las últimas tres décadas –presidentes, congresistas, gobernadores, alcaldes– envueltos en la corrupción.

La reforma electoral en debate no será una panacea que resolverá todos los problemas de nuestro sistema político, pero sería muy valiosa si contribuye a resolver dos de las mayores debilidades de nuestra frágil democracia: la falta de institucionalidad de nuestros partidos y su permeabilidad para ser infiltrados por la corrupción. Dos debilidades que están interrelacionadas.

La falta de institucionalidad de los partidos se cura con una democracia interna auténtica. Eso requiere que sus candidatos sean elegidos mediante elecciones primarias organizadas por la ONPE con padrones del Reniec y supervisadas por el JNE. Es inaceptable que políticos que se proclaman democráticos quieran seguir controlando sus organizaciones como si fuesen su propiedad feudal. La solución no está en elevar el número de firmas para inscribir un partido, ya que las firmas son muy fáciles de falsificar, sino en elevar el número de militantes. La mejor manera de confirmar que la militancia real sea real es exigir un número mínimo de votos en las elecciones internas –Fernando Tuesta ha sugerido 100 mil– para demostrar la real existencia de una organización. Basta ya de partidos ‘huaicos’ que surgen como un aluvión y luego se dispersan.

La segunda medida para avanzar hacia la institucionalidad de los partidos es también la primera para combatir la corrupción. Se trata de resolver el problema del financiamiento de los partidos y de las campañas electorales. La experiencia internacional enseña que la mejor solución es una combinación de financiamiento público y privado transparente y acotado. El financiamiento público es impopular, pero es peor dejar a los partidos a merced del dinero ilícito. Con respecto al financiamiento privado, existe consenso en que todo aporte mayor a una UIT debe ser bancarizado y que debe haber topes para los ingresos provenientes de actividades tipo “rifas”, que son los mecanismos para ingresar dinero negro a las campañas. Ambas medidas cuentan con el apoyo de más del 60% de la ciudadanía.

Pero la única manera de asegurar que no entre a una campaña electoral dinero negro es con un control estricto de los gastos. La Asociación Civil Transparencia ha propuesto que los medios de comunicación estén obligados a reportar las contrataciones de propaganda de candidatos y organizaciones políticas. Esa medida es indispensable y cuenta con el apoyo del 63% de la opinión pública. Solo con información confiable de los gastos de una campaña se puede saber si se están declarando todos los ingresos recibidos. Y la consecuencia de la violación de esta norma no debería ser solo una multa –que los partidos generalmente no pagan– sino sanciones políticas, llegando a la inhabilitación del partido a participar en las elecciones.

Otra medida en que existe consenso es que no puedan ser candidatos “quienes tengan sentencia condenatoria de segunda instancia con pena privativa de libertad efectiva o suspendida, o prisión preventiva por la comisión de delitos”, como lo propuso el grupo de trabajo presidido por Patricia Donayre. Pero también debe incorporarse el “levantamiento automático del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil a la UIF para todos los candidatos desde el momento de su postulación y hasta dos años después del término de sus mandatos, si resultaran electos”; con la consiguiente responsabilidad de la UIF de reportar al JNE en caso de encontrar actividad sospechosa, como lo propuso el Poder Ejecutivo.

La Comisión de Constitución que preside Miguel Torres tiene ahora una gran responsabilidad entre manos. Fuerza Popular tendrá la tentación de hacer una ley a su medida. Tiene la mayoría para hacerlo y podría servirles en el corto plazo. Pero si, en cambio, deciden legislar con una visión de largo plazo, la historia se los reconocerá. La presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tiene acá una gran oportunidad para demostrar su vocación democrática. La opinión pública estará observando.