"Otro gravísimo error ha sido dejarse arrastrar por las versiones policiales sustentadas por el Ministerio del Interior". (Foto: Rolly Reyna/El Comercio)
"Otro gravísimo error ha sido dejarse arrastrar por las versiones policiales sustentadas por el Ministerio del Interior". (Foto: Rolly Reyna/El Comercio)
Fernando Rospigliosi

La está concluyendo de la peor manera posible, con disturbios en las calles, posiblemente despidos de profesores en los próximos días, muchos maestros enfurecidos por la manera como han sido tratados, el Gobierno más debilitado aun mostrando descarnadamente su inoperancia y falta de rumbo, y la oposición desconcertada tratando de sacar provecho del desbarajuste pero a su vez entrampada en sus propias contradicciones.

El Gobierno no fue capaz de percibir las implicancias de la huelga que empezó como un movimiento localizado en el Cusco. No percibió el potencial que tenía una situación de una década de postergación, como la describió el presidente (PPK). Ni las consecuencias que tendría el inicio en este año de lo que los maestros llaman las evaluaciones “punitivas”, es decir, las que pueden tener como resultado el despido.

Como ha anotado Aldo Mariátegui, lo que ha existido en las últimas décadas es una suerte de pacto implícito entre el Estado y el magisterio, les pagan sueldos miserables pero a cambio les dan estabilidad. Ahora se empezaba a romper ese acuerdo. Es verdad que el Gobierno ha hecho un esfuerzo en aumentar las remuneraciones, pero no se ha preocupado de explicar y justificar ese cambio de reglas del juego. Simplemente ha tratado de imponerlas con los resultados que están a la vista.

Los tecnócratas decidieron que eso es lo mejor, sin ponerse ni por un minuto en los zapatos de los maestros que eran los afectados. Si lo hubieran hecho, se habrían dado cuenta de que se requería una labor de persuasión, de convencimiento.

Hacen todo en nombre de la reforma y olvidan que no pueden hacerla contra los maestros sino con los maestros.

Incluso PPK entendió que se necesitaba algo de flexibilidad. Lo dijo en la entrevista con Milagros Leiva el martes 15 y lo repitió en la reunión con los gobiernos regionales una semana después. Pero no ha tenido la convicción y el liderazgo suficiente para conducir su propio gobierno.

Otro gravísimo error ha sido dejarse arrastrar por las versiones policiales sustentadas por el Ministerio del Interior en el sentido de que los dirigentes magisteriales son terroristas y no se puede siquiera sentarse a una mesa con ellos.

No hay ninguna evidencia de que alguno de los dirigentes vetados sea un terrorista, es decir, que haya cometido actos terroristas o esté preparándolos. Que algunos tengan o hayan tenido relación con el Movadef o el Conare, o que tengan ideas radicales, es una cosa, pero otra muy diferente es que sean delincuentes.

Como bien ha dicho el general (r) Ketín Vidal, jefe del equipo que capturó a Abimael Guzmán y la cúpula senderista, “no sabemos qué derivaciones puede tener más tarde [el Movadef]. Para eso hay que hacer un trabajo exhaustivo en el campo de la inteligencia, nada se saca con discursos. A veces, por hacer una confrontación verbal y directa con ellos, se le puede sobredimensionar y eso termina beneficiando a esa organización”. Y añade que “el ministro del Interior debe demostrar si estos maestros están implicados en algún hecho subversivo”. (El Comercio, 20/8/17). Hecho subversivo, no ideas o discursos.

El presidente de la Confiep, Roque Benavides, ha puntualizado que en el magisterio “existen otros grupos, pero rechazo decirles terroristas. Hay un error del gobierno ahí, la mayoría de maestros no tiene que ver con el terrorismo. Debemos ser cautos con esto”. (“Perú.21”, 20/8/17).

Y la ministra de Educación, Marilú Martens, en una entrevista con Beto Ortiz: “Lo dicho por Basombrío llegó a exacerbar a los profesores. Ustedes, los medios, los políticos contribuyeron. He pedido disculpas”. (Tuit de Ortiz, 24/8/17).

Quizás todavía se esté a tiempo de cambiar, de sentarse a conversar con los dirigentes de la huelga. Por lo menos se les quitaría un motivo o pretexto para seguir con la paralización.

La dirigencia radical también está entrampada, no sabe cómo terminar la huelga. Al igual que el Gobierno, que vive en un microclima irreal donde cree que lo está haciendo todo bien y que pronto la gente se dará cuenta, los líderes magisteriales son prisioneros de sus discursos maximalistas y están encerrados en un pequeño círculo donde toda posibilidad de ceder y transar es vista como una traición.

Se requiere habilidad y operadores políticos para no empeorar las cosas. La huelga finalmente puede ser aplastada, pero a un costo tan alto que será una victoria pírrica.