Plata y política

Hace algunos meses, alertaba en este espacio del riesgo de que gran parte del dinero que requieren los 61 partidos –que correrían en la campaña del 2026– provenga de actividades ilegales. Explicaba que desde el 2018 se prohibió que los partidos reciban financiamiento privado de empresas o asociaciones nacionales, y que esto le había abierto la puerta de par en par al financiamiento ilegal de actividades como la minería ilegal, el narcotráfico, etc.

Lo cierto es que el financiamiento ilícito de la vida política y las elecciones es un grave problema en toda América Latina, particularmente en el corredor de tráfico de drogas desde los Andes hasta México, desestabilizando los sistemas políticos y sus instituciones (IDEA, 2015).

El ‘statu quo’ actual, promovido por el gobierno de Martín Vizcarra –tras el escándalo Odebrecht–, es insostenible. Vizcarra convenció a la opinión pública de que el financiamiento privado debía quedar prohibido, solo pudiendo financiarse los partidos con aportes de personas naturales (nacionales o extranjeras) o asociaciones extranjeras, o con financiamiento público.

Lo absurdo de esta medida se comprueba si consideramos que una campaña política, ahora que está prohibida la propaganda electoral privada, puede costar entre US$5millones y US$10 millones (antes se calculaba en $20 millones), y que los partidos y/o alianzas electorales con curules que han recibido recursos públicos como máximo han obtenido alrededor de S/10 millones; es decir, el financiamiento público ni siquiera les alcanzaría a ellos. Además, apostar todo al financiamiento público so pretexto de igualar la cancha deja fuera de financiamientos relevantes a decenas de partidos que van a competir en el 2026 y los arroja a los brazos de las economías ilegales.

Una reciente iniciativa del congresista Alejandro Muñante busca revertir esta situación no solo habilitando la posibilidad de que empresas y asociaciones nacionales aporten al sostenimiento de los partidos políticos, lo que ya había propuesto la ONPE, sino incorporando un mecanismo novedoso: aportes anónimos a partidos políticos vía el Banco de la Nación donde los receptores no sepan quiénes fueron los aportantes (pero sí lo sepan la ONPE, la Sunat y eventualmente autoridades judiciales).

Un mecanismo exitoso de aportes anónimos a partidos políticos, aunque por medio de una ONG privada, Reflexión Democrática, se ensayó en el pasado (ver “La minería ilegal en campaña”), pero todo esfuerzo de esta naturaleza quedó trunco tras la prohibición absoluta introducida. Desde luego, tampoco se trata de permitir aportes anónimos sin topes. Esta iniciativa pone como tope aportes de 200 UIT al año por partido (S/1 millón), llegando a un máximo de 500 UIT al año si se aporta a varios partidos. Otra restricción incluye el no poder aportar más del 10% de los ingresos de las empresas o asociaciones.

Además, creo que una norma como esta podría incorporar como novedad –para fomentar aún más los aportes de personas, empresas y asociaciones peruanas– el poder deducir los aportes del pago del Impuesto a la Renta. Algo similar a lo que ocurre en otros países con el aporte al sostenimiento de las religiones, donde uno puede elegir a qué credo aportar con sus impuestos. ¿Por qué no poder elegir –al pagar el Impuesto a la Renta– que un porcentaje de tus impuestos vaya a financiar al partido de tu preferencia? Los aportes pueden ir a partidos que acojan opciones diversas como progresistas, conservadoras, nacionalistas o liberales.

Se trata, al final de cuentas, de que los aportes del sector privado promuevan la competencia política en pro de un mayor desarrollo, y de que los partidos compitan por seducir a las personas y empresarios de derechas o izquierdas de que su ruta hacia el desarrollo es la más deseable.

Necesitamos un cambio de reglas de juego para la plata y la política. Esperar algo distinto haciendo lo mismo es absurdo.