El fiscal se hunde, por Gino Costa

Los dos procesos disciplinarios abiertos en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) contra el fiscal Carlos Ramos, por la persecución a los fiscales decentes que investigaban al presidente regional de Áncash, César Álvarez, es el último capítulo de la saga iniciada hace siete meses con el asesinato de Ezequiel Nolasco. 

Identificada y detenida buena parte de la red corrupta de Álvarez, queda establecer sus ramificaciones en la justicia penal, tarea que realiza el CNM y la comisión congresal que preside Mesías Guevara. 

Sin la complicidad de la justicia penal esta organización criminal no hubiera prosperado. Sin embargo, hasta ahora ni la Policía Nacional ni la fiscalía ni el Poder Judicial han dado cuenta de lo que pasó con sus instituciones y de quiénes entre sus miembros traicionaron sus responsabilidades y terminaron al servicio de Álvarez. Deberían hacerlo, al igual que en los casos de los otros presidentes regionales corruptos y de Rodolfo Orellana. 

Esto no siempre es fácil, porque en la fiscalía, por ejemplo, fueron sus más altas autoridades –José Peláez y Carlos Ramos– las supuestas responsables de la colusión con Álvarez y, posiblemente, con Orellana y los Sánchez Paredes. Por lo menos a esto apuntan los dos procesos disciplinarios de la comisión del CNM que tiene como ponente a Gonzalo García Núñez. En dicha comisión, Ramos tiene tres otras investigaciones en curso, que lo comprometerían aún más.

Los cargos contra Ramos son muy graves y, para defenderse, deberá dedicarle tiempo. Como no renunciará, resultaría pertinente que, ahora sí, el CNM lo suspenda para impedir que obstruya las investigaciones, como lo intentó denunciando al congresista Guevara ante la Comisión de Ética y abriendo investigación fiscal contra García Núñez. Le convendría también buscarse otro abogado, porque compartirlo con Josef Maiman, investigado por la fiscalía por lavado de activos, no parece apropiado.

Las investigaciones del CNM contra Peláez por hechos asociados avanzan más lentamente y aún no se le ha abierto proceso disciplinario, lo que llama la atención. Estos casos tienen como consejero ponente a Gastón Soto Vallenas, quien aspira a ser defensor del pueblo. Soto Vallenas tiene aquí una buena oportunidad para demostrar de qué está hecho.

Los procesos contra Ramos son un avance importante, pero aún hay mucho pan que rebanar. Gracias a la prensa independiente, especialmente a Ricardo Uceda, el país sabe qué ocurrió en Áncash y qué responsabilidades le cupieron a Ramos y a Peláez, la dupla que aún dirige la fiscalía. Faltaba que tomara cartas en el asunto el CNM, que finalmente comenzó a hacerlo. Esperamos que concluya su tarea.

De que esto ocurra depende el futuro de la lucha contra el crimen organizado en el Perú. La destitución de Ramos y de Peláez sería la mejor demostración de que la complicidad con el crimen no paga y la mejor señal para los policías, fiscales y jueces que hoy continúan en la primera fila de combate.