Buscando la paja en el ojo ajeno

El Comercio, usando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha documentado que 47 congresistas son investigados en el ámbito de la Fiscalía de la Nación y de las fiscalías supremas. Radio Programas del Perú, por la misma vía y ampliando la búsqueda a investigaciones fiscales en general, encuentra a 82 congresistas en esa situación.

La medalla de oro se la lleva Luis Picón, ahora en Podemos Perú, con 107 carpetas abiertas; la de plata, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, con 53 denuncias en curso.

¿Cuántos de esos 82 tienen interés en influir en el sistema de justicia para su bienestar futuro? De hecho, ya lo han hecho con la ley que reduce los plazos de prescripción de delitos y la que establece fuertes limitaciones para la colaboración eficaz.

¿No sería acaso una perita en dulce para los que necesitan una ayudadita de la justicia poder influir en el nombramiento de una nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ) que pueda ser “más permeable a sus necesidades”?

¿Cuántos de los 84 que votaron a favor de la investigación sumaria a la JNJ están entre los 82?

La principal acusación contra ellos que, según la denunciante, activaría la atribución constitucional del Congreso de destitución por falta grave es una exhortación.

“La JNJ se permite invocar respetuosamente a las señoras y señores representantes en el Congreso de la República la mayor reflexión en torno de la acusación constitucional que se tramita contra la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera, teniendo a la vista que las imputaciones en su contra guardan relación con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal, como expresión de su propia independencia”.

Muchísimos de los que confrontamos la corrupción de Pedro Castillo coincidimos en que Ávalos no podía ser expectorada por su interpretación de que a un presidente se le podía denunciar, pero que la investigación debía esperar su salida del poder. Para mí, insuficiente, pero mucho más avanzada que todas las previas decisiones fiscales que enfrentaron situaciones similares.

Aun así, si hubieran optado por pedir consejo, hasta los conejos les hubiéramos dicho que, dado lo borrachitos de poder que están y el ánimo de ‘vendetta’ que los une, quizá no debieron hacerla. No tuvieron ningún efecto y, más bien, fortalecieron su espíritu de cuerpo.

¿Puede esto configurar una falta grave para investigarse en plazos sumarísimos?

La falta grave no está tipificada y no hay ningún procedimiento establecido. Cualquier principio de proporcionalidad entre la gravedad de la sanción y las garantías para los investigados apuntaría a plazos y requisitos equivalentes a los de una acusación constitucional.

¡Catorce días! Cinco o diez veces menos de los que se toma la Comisión de Ética para sancionar con amonestaciones o suspensiones a sus pares. Eso, cuando lo hace.

Grotesca situación en la que un Congreso hiperdesprestigiado decide castigar la paja en el ojo ajeno, teniendo tremendas vigas en el propio.

Muy peligroso que esto prospere. Las razones son múltiples, pero me limito a una que apela a los pragmáticos, aquellos que ven la democracia como un valor transable por cualquier tipo de estabilidad.

Hace ya un buen número de años, el Perú tiene como política de Estado acceder a la OCDE, el exclusivo y exigente club de las democracias de los países más ricos. Una membresía que nos traería significativos beneficios tangibles e intangibles.

Yo era ministro de Pedro Pablo Kuczynski cuando el tema se veía con frecuencia en el Gabinete. Las observaciones de los evaluadores de la OCDE iban por el lado de la fragilidad de nuestra democracia, el descrédito de nuestras instituciones y la corrupción en la política.

Ojo: esto en el 2016-2017, cuando el desbarranque por una crisis política mayor que parece no tener fin solo empezaba. Cuando “The Economist”, que algo pesa en estas evaluaciones, no nos había degradado a “regímenes híbridos”, solo un peldaño arriba de “regímenes autoritarios” y por debajo de “democracias deficientes”.