El nuevo régimen laboral juvenil ha generado ya cuatro protestas multitudinarias, con heridos y detenidos. Un conflicto derivado de la pésima difusión de los potenciales beneficios de la norma para abrirle las puertas del empleo formal a miles de jóvenes que se sienten afectados. A los que sí les han afectado y robado derechos y dinero es a quienes durante décadas vieron sus remuneraciones recortadas por el aporte obligatorio al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).
El Fonavi fue creado en 1979, a fines del gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez, con la supuesta finalidad de satisfacer la necesidad de vivienda de sus aportantes (quienes cada mes veían su sueldo adelgazado por el descuento de ley). El fondo se fue desvirtuando y en 1998, mediante la Ley 26969, se creó el Impuesto Extraordinario de Solidaridad y se liquidó el Fonavi, esfumando el lejano sueño de la casa propia.
Han pasado más de 35 años y para la gran mayoría de aportantes el Fonavi fue solo una gran estafa, pero lo peor de todo han sido las falsas expectativas. Recordemos que el Tribunal Constitucional (TC) convocó a un referéndum para aprobar una ley que devolviera lo aportado. Pero que esos aportes serían ‘actualizados’, palabra clave que abriría la puerta de la arbitrariedad, pues deja a criterio del Fonavi calcular el monto. De hecho, en el fondo quedan escasos recursos y pagarlos de otro modo significaría afectar la caja fiscal. Como fuere, la ilusión fue generalizada entre quienes lucharon por más de 20 años para recuperar ese dinero.
El Fonavi fue un error desde su concepción y creación; su esencia era demagógica e idealista de cumplir (dotar de vivienda a los aportantes, que eran demasiados) y la estructura misma, injusta. Existe el consenso –y la realidad lo demuestra– de que los fondos comunes (colectivos) funcionan solo para algunos contribuyentes. Como lo explicó un editorial del diario “Gestión”: “En la práctica, cualquier aporte individual que se destina a un fondo común termina convirtiéndose en un subsidio para alguien más”.
Y tras piedras palos, pues entre tanto clima de conflicto social, en que el gobierno está abusando y trasgrediendo los derechos sociales de tantos grupos, rebela pensar que no se le están reconociendo derechos a peruanos no tan jóvenes, con mínima proyección profesional por su edad, a ciudadanos que trabajaron toda una vida, aportaron de su sueldo y pagaron sus impuestos. Grupo a quien el Estado manipuló por años sus boletas de pago y les obligó a pagar el 1% de su sueldo, a cambio de nada.
Una promesa de campaña con tufillo demagógico, pues el engaño o tergiversación de la verdad es lo mismo que la mentira. La devolución de montos irrisorios es no solo un abuso sino un insulto a estos aportantes debido, una vez más, a la falta de honestidad y, sobre todo, falta de respeto por parte del Ejecutivo, como me comentaba un septuagenario que se siente indignado y con justísima razón. Por lo visto, el gran logro del gobierno humalista ha sido convertir a miles de ciudadanos, hasta nonagenarios, en ‘pulpines’, generar la peor crisis social en muchos años y agravar el clima de conflictividad social que nos rodea. ¿Perú se escribe con ‘p’ de ‘pulpín’?